El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este lunes ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023, un documento cuyos principales objetivos son la protección de las familias y el impulso del sector productivo de la Comunidad. El Presupuesto para el nuevo año se enmarca en un escenario de gran incertidumbre económica, que muestra una moderación en el crecimiento y que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 1’6%; el empleo crecerá el 2’3% y la tasa de paro se situará en el 10’1%, dos puntos por debajo de la media española que es de un 12’2%.
Asimismo, el escenario financiero del presupuesto para 2023 respeta la tasa de referencia del déficit establecido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y que se ha situado en el 0,3% del PIB regional. En todo caso, estas previsiones cuentan con el aval de la AIREF, que las considera factibles. El consejero ha destacado que se trata del mayor Presupuesto de la historia de la Comunidad, con 13.809 millones de euros -un 12’35% de incremento-, montante que permitirá avanzar en el bienestar social de la ciudadanía, la protección de las familias y empresas y las transformaciones energéticas y digital de la economía.
Así, las cuentas para 2023 se han estructurado en torno a cinco grandes ejes estratégicos como la promoción de la transformación de la economía para crecer y asegurar empleo estable y de calidad; la adaptación de los servicios públicos esenciales al territorio; la apuesta decidida por el mundo rural; un apoyo decidido a la familia y la juventud; y el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora. Fernández Carriedo ha explicado que el Presupuesto incorpora la «mayor reducción» de impuestos a familias y empresas, ye esta manera, los beneficios fiscales para las familias, la juventud y los negocios en el entorno rural, aumentan cerca de un 60% respecto a 2021, y con ello «se busca reducir el impacto de la subida de precios y contribuir a impulsar la economía, en particular en los pequeños municipios de la Comunidad».
Así, entre las nuevas ventajas fiscales encaminadas a apoyar al medio rural y a las familias se encuentran la mejora de la deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, elevando en más de un 10% tanto el valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción -hasta 150.000 euros-, como la base máxima anual de deducción -hasta 10.000 euros anuales-. También el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reiterado la anunciada bonificación del IRPF a las familias numerosas estará en vigor el 1 de enero de 2023. «Sí se va a hacer y, además, va a estar en vigor el 1 de enero».
A ello se suma que se trata de un presupuesto inversor y dinamizador de la economía, donde se incrementan un 55% las operaciones de capital, que canaliza un importante volumen de recursos a aquellos sectores más afectados por la crisis energética, y a los que son el motor de la economía de Castilla y León. El Presupuesto para el próximo ejercicio es eminentemente social, que destina el 76’6% del gasto no financiero de las consejerías a las áreas sociales y da soporte a unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad y adaptados al territorio, contribuyendo a la cohesión social. Incorpora además apoyos específicos para fomentar la natalidad, promover la retención y captación del talento joven, integrar a los colectivos vulnerables y asegurar el cuidado de las personas mayores y dependientes.
El consejero también ha explicado que contribuye a la cohesión territorial, fomentando las oportunidades en el mundo rural, con una fiscalidad favorable y con apoyos específicos y servicios de movilidad, para ofrecer un entorno adecuado para vivir. Además, se trata de un presupuesto eficiente, que mantiene el principio de austeridad en el gasto de funcionamiento administrativo, profundiza en la simplificación de los procedimientos y la racionalización de las estructuras organizativas, aumentando el nivel de transparencia sobre la gestión y acción del Gobierno. De igual manera, las de 2023 son unas cuentas responsables, con una gestión moderada del endeudamiento. Asimismo, es un presupuesto comprometido con el futuro, que impulsa las transiciones estructurales hacia una economía más innovadora y digitalizada, repercutiendo en una sociedad con más oportunidades.
Las previsiones de ingresos, ajustadas a la realidad actual, revelan que los ingresos por operaciones no financieras representan el 88’8% del presupuesto total y ascienden a 12.267 millones de euros, con un aumento del 18’7% respecto al presupuesto de 2021. Por su parte, los Ingresos por Operaciones Financieras se estiman en 1.543 millones de euros, el 11’2% del presupuesto total, reduciéndose un 21’1% respecto al presupuesto anterior. Así, las previsiones por impuestos directos se estiman en 2.869 millones de euros, un 22’7% más respecto a 2021, mientras que el importe global de los impuestos indirectos se incrementa un 13%, con una recaudación estimada de 3.912 millones.
En el resto de capítulos, se prevé una recaudación estimada de 228 millones de euros en tasas, precios públicos y otros ingresos; las transferencias corrientes se sitúan en los 3.746 millones; 25 millones de euros en ingresos patrimoniales; mientras que la previsión por enajenación de inversiones reales alcanza la cifra de 137 millones. Asimismo, las transferencias de capital prevén un incremento, alcanzando los 1.349 millones, fundamentalmente por los recursos procedentes de la Unión Europea; y en las operaciones financieras se refleja una previsión de 52 millones de euros, mientras que los pasivos financieros se reducen de manera importante hasta 1.490 millones de euros.
En este apartado, Fernández Carriedo ha destacado varios aspectos concretos con incidencia en el montante global de ingresos. En este sentido, ha hecho referencia a las entregas a cuenta del modelo de financiación y la liquidación del sistema -8.136 millones, con una subida respecto al anterior-, manifestando que se trata de una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales. Por ello, ha insistido en la necesidad de una reforma de todo el sistema, cuyo funcionamiento penaliza especialmente a Castilla y León por razones demográficas.
El consejero ha explicado que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea. El aumento es de un 62’35% para un total de 1.986 millones: 924’4 millones de euros de la PAC; 577 millones de los Programas Operativos tradicionales, que se han visto aumentados con fondos procedentes del REACT; y 484 millones de Fondos de Nueva Generación, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que se presupuestan por primera vez. Respecto a las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, disminuyen de forma importante para 2023, un 30’7%. Esta bajada, tal y como ha destacado el titular de Economía y Hacienda, está motivada por la eliminación por parte del Gobierno de España de los Fondos COVID, que suponían 633 millones y que ayudaban a financiar los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas.
En el apartado de ingresos también ha hecho referencia al aumento del 17’82 % de los ingresos derivados de los tributos propios de la Comunidad, que se estiman en 828 millones de euros, una subida como consecuencia fundamentalmente de la recuperación de la actividad económica. Así, el consejero ha insistido en que se demuestra que «la reducción de impuestos es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria». Fernández Carriedo ha hecho alusión al hecho de que el Gobierno de España haya fijado el déficit de las Administraciones del Estado para 2023 en el 3’9% del PIB y apenas haya asignado un 0’3% del PIB regional para las comunidades autónomas, cuando entre sus competencias están las de prestación de los servicios públicos más esenciales como los sanitarios, los educativos o los sociales.
Por último, ha añadido que el déficit en Castilla y León se reduce en un 68%, al pasar de 633 millones a sólo 205, quedando pendiente menos de un tercio del total para avanzar hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria. El documento explicado ante las Cortes incluye, dentro de los gastos, operaciones no financieras que absorben 12.470 millones de euros y suponen el 90’3% del presupuesto de gastos. Por capítulos, para gastos de personal se destinan 4.694 millones de euros, teniendo en cuenta que los sueldos del presidente de la Comunidad y del resto de miembros del Consejo de Gobierno se congelan, así como las retribuciones de los miembros de la Mesa y portavoces de las Cortes y las de los presidentes y resto de altos cargos de las instituciones propias.
En el análisis del Presupuestos, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado varias cuestiones prioritarias en las que se centrará el trabajo del Gobierno de la Comunidad. Así, entre ellas se encuentra la promoción de la transformación de la economía, para crecer y asegurar empleo estable y de calidad. Para ello se cuenta con 150 millones que se sumarán a la Red de Ayudas y apoyos a los proyectos de empresas, pymes y autónomos; 427 millones para actuaciones de formación para el empleo y mejora de la empleabilidad; 85 millones para apoyo específico al sector comercial y al turístico, con el fin de aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística, y su posicionamiento como destino nacional e internacional; y 126 millones para los programas de puesta en valor del Patrimonio Histórico y Cultural.
Otra de las prioridades es la prestación de servicios públicos esenciales adaptados al territorio, para garantizar la calidad de los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como el acceso a la vivienda. Así, el Presupuesto 2023 ha destinado una elevada cuantía al sistema de salud, 4.753 millones para la Consejería de Sanidad, un incremento del 8’9%. Se apuesta también por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia, por lo que el presupuesto de la Consejería de Educación se incrementa en un 10’8% hasta alcanzar 2.615 millones de euros. Por su parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de 1.263 millones, un 16’7% más.
En este apartado, Fernández Carriedo ha destacado que entre las tres consejerías gestionarán 8.630 millones de euros -824 millones más que en 2021-, lo que supone un 12’6% del PIB y cerca del 80% del gasto no financiero de las consejerías. Además, el 87’6% de los gastos de personal y el 94’1% de los gastos corrientes en bienes y servicios serán gestionados por estos tres departamentos. Además, el consejero ha añadido que en el reciente Informe sobre la evolución del gasto en políticas sociales, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se destaca que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en porcentaje del gasto presupuestario destinado a los servicios públicos y la primera si se tiene en cuenta el gasto sanitario.
Respecto a la apuesta por el mundo rural, además de la fiscalidad favorable, las cuentas de 2023 incluyen acciones específicas que apuestan por la cohesión territorial como base del bienestar social, contemplando un conjunto de actuaciones. Así, 1.491 millones para impulsar el sector agrario; 34 millones para facilitar el transporte y la movilidad; y 472 millones para la cooperación económica con las entidades locales. Para reforzar el apoyo a la familia y la juventud, se destinan a estas políticas más de 1.860 millones de euros en distintos ámbitos, con un incremento del 27 %. Además, para facilitar el ahorro y la economía familiar, los beneficios fiscales vinculados directamente a la familia, la vivienda y el empleo ascienden a 583 millones de euros. En total, más de 2.400 millones.
Ya por último, el consejero de Economía y Hacienda, durante la presentación del documento presupuestario ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, también ha hecho referencia a que para la aplicación de estos Presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley. Así, la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de este año recoge medidas de naturaleza tributaria y otras que afectan a la gestión y organización de la Administración autonómica.
