La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de once años de cárcel a un hombre por un delito continuado de abusos sexuales sobre su hija, menor de edad nacida en 2001 a la que entre los siete y los trece años obligó a que le masturbara, tanto con las manos como mediante la práctica de felaciones. La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid considera al individuo autor de un delito continuado de abusos sexuales en la persona de su hija y le condena a la pena de once años y un día de prisión, junto con la prohibición durante diecisiete años de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, su domicilio y centro de estudios o trabajo, así como de comunicarse con ella por cualquier medio.
Los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2014 cuando el padre, ahora condenado, pidió en numerosas ocasiones a su hija que le masturbara con las manos, y también la obligó varias veces a que le hiciera felaciones, ella lo hizo por tratarse de su padre. Estas prácticas se repitieron hasta que, tras cumplir 13 años, cuando la menor rechazó continuar, ya no se repitieron, hasta en el año 2019, estando padre e hija de vacaciones, aquel le solicitó a ésta el ducharse juntos, negándose ella.
Tales hechos se producían en el domicilio familiar, y solían acaecer a primera hora de la mañana, cuando el padre y su hija se hallaban en el sofá del salón y la madre aún dormía. Más recientemente, en fecha no determinada de junio o julio del año 2020, el padre que no aceptaba una relación de pareja que su hija mantenía y le manifestó que iba a matar a su novio, a la vez que cogía un cuchillo.
Con fecha 19 de enero de 2019, por la instructora de la causa se dictó auto en el que se acordaba imponer al padre, durante la tramitación de la causa, la prohibición de acercarse a la menor a una distancia interior a 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, incluidos los telemáticos. Además, para su ejecución con posterioridad a la pena privativa de libertad acordada, el tribunal le impone libertad vigilada durante siete años y la obligación de indemnizar a la menor con 8.000 euros por daños morales.
