Bronca, reproches y acusaciones han sido también invitados al Pleno de julio en el Ayuntamiento de Valladolid. La sesión ordinaria que ha tenido lugar en la mañana de este lunes 28 de julio ha tenido varias llamadas al orden y también alguna que otra retirada de palabras. En la sesión plenaria de hoy ha habido tensión entre los concejales de los grupos municipales, y uno de estos encontronazos lo ha protagonizado el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, quien se dirigía al concejal de Vox Víctor Martín que incluyera sus «once nombres en la lista de fusilables si algún día tiene mayoría absoluta». Además de este momento polémico, la mecha se prendió cuando la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha llamado «sinvergüenzas» al Grupo Municipal Socialista, y ante las quejas, explicó que «es adjetivo calificativo y no lo retiro».
Sin embargo, a pesar de esta sensación de tirantez entre los concejales del Ayuntamiento de Valladolid también hubo lugar para el acuerdo y el consenso, además de forma unánime, para aprobar una moción del Grupo Socialista para que se aceleraran las obras del Hospital Clínico. Por cuarta vez, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una moción en la que se insta a la Junta a impulsar la ampliación y reforma del Clínico, «cuyas obras tendrían que haber concluido en 2013». El Grupo Municipal Socialista ha defendido esta propuesta ante la parálisis de las obras en el Clínico, por eso, el concejal Antonio Otero ha insistido en la responsabilidad que tiene el alcalde. «O Carnero no habla con el presidente de la Junta de Castilla y León de este tema o Mañueco no le hace caso», ha señalado el edil. En la propuesta se insta al alcalde a que en representación de toda la Corporación reclame a la Junta de Castilla y León la reanudación de las obras y que esta actuación sea una prioridad para el Gobierno autonómico. Tanto PSOE, PP, Vox y VTLP han coincidido en esta proposición reivindicativa en defensa de la ciudad.
Unión para ‘salvar’ el Aeropuerto
Por otro lado, otros de los asuntos centrales del Pleno municipal del mes de julio era la moción del Grupo Popular para pedir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «acciones urgentes, reales y afectivas» para la supervivencia del aeropuerto de Valladolid. Los populares también exigían al Ministerio a través de la moción la adopción de una política proactiva en materia de tasas aeroportuarias y medidas complementarias que facilite la instalación y ampliación de rutas por las compañías que propongan líneas regulares nacionales e internacionales con base en Valladolid. Asimismo, instaban al Ministerio de Puente y a AENA, a abandonar definitivamente la «política de propaganda», y acometer la necesaria aprobación de un plan de aeropuertos regionales que incluya el aeropuerto de Valladolid como complementario del Aeropuerto Internacional Madrid-Adolfo Suarez. Esta moción se ha aprobado junto a una enmienda de adicción del PSOE, en la que se añadía que el Ayuntamiento de Valladolid promoverá una estrategia de colaboración consensuada con la Junta y la Diputación, bajo el formato que sea consensuado entre las tres administraciones, para promocionar la ciudad y provincia al objeto de incrementar la oferta turística.
El PSOE agregaba que el Ayuntamiento de Valladolid, ya sea como fruto de dicha colaboración con la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, ya sea por su cuenta, está dispuesto a extender a las compañías aéreas su política de financiación a empresas privadas que promueven actividades que redundan en la atracción de turistas. Así como a colaborar con los equipos de marketing aeroportuario de Aena y trabajar conjuntamente en la captación de rutas para el aeropuerto de Valladolid con el objetivo de incrementar su actividad y disponer de una oferta más amplia centrada en compañías aéreas con un claro compromiso de permanencia a largo plazo en el territorio. Otros de los asuntos que han llevado a un acuerdo entre varios grupos ha sido la moción de Vox, sobre la que el PSOE también ha agregado enmiendas. El Ayuntamiento pretende reconocer el papel de las mujeres de la Generación del 27, destacando la figura de Rosa Chacel como referente literario de la ciudad, así como el legado de otras creadoras como Maruja Mallo, María Zambrano, Concha Méndez, Ernestina de Champourcin, María Teresa León, Margarita Manso, Ángeles Santos o Margarita Gil Roësset.
Asimismo, se compromete a incorporar su memoria y su obra en todas aquellas iniciativas, actividades y homenajes que se lleven a cabo en torno a esta generación. Al respecto, el Grupo Socialista ha propuesto añadir un nuevo punto a la moción, para que el Consistorio de traslado de la presente moción al Ministerio de Cultura y solicite formalmente su incorporación a la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario de la Generación del 27, en virtud de la estrecha relación de la ciudad con Jorge Guillén y Rosa Chacel. En otro orden de cosas, en el Pleno de este lunes también se habló sobre la nueva tasa de basuras a través de una moción presentada por Valladolid Toma La Palabra que ha sido rechazada en bloque. La propuesta de VTLP planteaba medidas concretas para «corregir los efectos regresivos» de una ordenanza que, según ha denunciado la portavoz, «penaliza a quienes menos residuos generan y beneficia a quienes más contaminan». La portavoz de la formación de izquierdas, Rocío Anguita, ha recordado que el cálculo actual de la tasa, basado en los metros cuadrados de la vivienda y el número de personas empadronadas, «no guarda relación con la cantidad real de residuos generados», lo que, a su juicio, «contradice los principios de justicia fiscal y sostenibilidad ambiental».
La moción ha recibido los votos en contra del equipo de Gobierno de PP y Vox, que sí han votado a favor de la enmienda de adición que han presentado conjuntamente para instar al Gobierno de España a que retire la obligatoriedad de la norma. En esta línea, desde Valladolid Toma La Palabra lamentan que pese a las críticas de asociaciones vecinales, comerciantes y hosteleros, el Ayuntamiento no dé pasos para corregir una ordenanza «injusta, desproporcionada y ajena a los principios de equidad y sostenibilidad que debe tener toda política fiscal».