El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a los representantes de CEOE, CCOO y UGT, ha formalizado hoy cinco acuerdos en materia de empleo, educación e igualdad que movilizarán una inversión superior a los 2.100 millones de euros durante para el periodo 2025-2028. Mañueco ha defendido que el Diálogo Social constituye «una seña de identidad de Castilla y León, una herramienta clave para seguir construyendo una Comunidad que funcione con estabilidad y paz social», y ha reiterado su compromiso firme con este mecanismo, destacando su «eficacia» para mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, ha señalado que el Diálogo Social se encuentra «en plena forma» y que estos «cinco nuevos acuerdos suponen un paso adelante en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria».
Los cinco acuerdos firmados, que se suman a los 17 alcanzados por el Consejo del Diálogo Social bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco, son fruto del consenso entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad y constituyen una hoja de ruta esencial para el futuro socioeconómico. Asimismo, los acuerdos reflejan el esfuerzo económico del Gobierno autonómico para seguir avanzando en la mejora del empleo, la igualdad y la competitividad empresarial, con una inversión prevista de más de 2.100 millones durante los próximos cuatro años. Unos acuerdos que han suscrito los secretarios de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Óscar Lobo, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. En primer lugar, se basa en la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad 2025-2028, la cual se configura como una herramienta fundamental para reducir el desempleo, fomentar la cualificación permanente de las personas trabajadoras, promover la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades en el acceso y la promoción del empleo.
Todo ello con el propósito de lograr un empleo de calidad que impulse la competitividad empresarial y garantice la plena inclusión sociolaboral de las personas de Castilla y León, con independencia de sus condiciones personales o su lugar de residencia. La estrategia incluye cuatro grandes acuerdos con dotación presupuestaria y medidas específicas vinculadas a las Consejerías de Industria, Comercio y Empleo, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. Por un lado, el Acuerdo de Empleo de Castilla y León 2025-2028 cuenta con una dotación presupuestaria de cerca de 1.000 millones, y se centra en las políticas activas de empleo para prevenir y luchar contra el desempleo, mejorar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo empresarial, prestando especial atención a la capacitación de los trabajadores para mejorar su empleabilidad y facilitar su adaptación a lo que el tejido productivo requiere en cada momento y en cada sector de actividad, contribuyendo así a una transición productiva inteligente y sostenible, a una mayor competitividad del tejido empresarial y a un empleo de mayor calidad.
«El apoyo a los territorios y colectivos más vulnerables; una oferta formativa amplia, diversificada y adaptada a las necesidades del empleo; el fomento del autoempleo y el emprendimiento colectivo; la mejora de los servicios de orientación e intermediación laboral y el impulso al empleo inclusivo de calidad«, son algunos de los pilares sobre los que se asientan las medidas contempladas en este acuerdo. Por otro lado, el Plan General de Formación Profesional 2025-2028 cuenta con un presupuesto de 1.000 millones. Este plan estratégico se configura como un instrumento clave para garantizar y mantener una idónea cualificación profesional, dando respuesta a las necesidades del tejido productivo y del empleo a lo largo de toda la vida laboral, y facilitando el acceso, en condiciones de igualdad, a las diferentes modalidades de la formación profesional. Todo ello bajo los principios de equidad, inclusión, calidad en la prestación de los servicios públicos y empleabilidad. El objetivo es alcanzar los 55.000 alumnos de FP en el curso 2028-2029; aumentar un 25% la oferta de cursos de especialización, y mantener la inserción laboral media por encima del 85%.
Además, la Junta de Castilla y León seguirá modernizando la oferta formativa, la capacidad de innovación y la flexibilidad del sistema; y fortalecerá la colaboración público-privada para afianzar en la Comunidad un potente sistema de FP Dual. Este plan recoge además un impulso a la colaboración de la administración educativa con las organizaciones que representan a los trabajadores y a las empresas con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Por su parte, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León para el período 2025-2028 prevé una inversión de más de 48 millones. Este acuerdo busca consolidar las actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, actuando desde la prevención, promoviendo entornos laborales saludables e impulsando medidas para atender a los retos derivados de los cambios en la organización del trabajo y las transiciones digital, demográfica y climática. Por ello, el documento aborda la salud laboral desde una perspectiva integral que incluye el bienestar físico, mental y social.
Entre los objetivos específicos contemplados en este plan figuran promover y fomentar la cultura preventiva, integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión de pymes y autónomos, reforzar las acciones sobre aquellos colectivos que precisan de una mayor protección, integrar la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, impulsar y desarrollar la seguridad y salud laboral en el ámbito rural, o impulsar la innovación y la investigación en materia de seguridad y salud laboral. Finalmente, dentro de la Estrategia, el Plan para la Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2025-2028 movilizará una inversión de 54 millones de euros con el objetivo de seguir avanzando en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo; mejorar la conciliación laboral, personal y familiar; y fortalecer la participación juvenil en el mercado laboral. Las actuaciones van dirigidas a promover la igualdad de género en el empleo, impulsar la corresponsabilidad, mejorar las condiciones laborales de la juventud, e impulsar políticas activas de empleo adaptadas a las características y necesidades del actual mercado de trabajo.
