Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Valladolid, Arenales Serrano y José Ángel Alonso, han exigido la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras su comparecencia de ayer en el Senado, en la que «no ofreció explicaciones claras sobre la crisis de las pulseras antimaltrato ni asumió responsabilidades». Los populares han lamentado que desde el departamento de Igualdad se limitan a anunciar una investigación interna y a restar importancia a unos fallos «que han minado la confianza en una herramienta esencial para proteger a las mujeres». Además, los senadores populares han mostrado su preocupación por las 830 mujeres vallisoletanas con protección policial, según la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género.
Desde el Partido Popular han subrayado que durante los últimos meses, «distintos informes y advertencias técnicas han señalado incidencias graves y reiteradas en el sistema de control telemático, con efectos directos en la seguridad de las víctimas». Pese a ello, «el Ministerio no reaccionó con la diligencia exigible, priorizando la negación del problema frente a la protección efectiva«, reprochan. En este sentido, los senadores Serrano y Alonso consideran vergonzoso para la ciudad que los dos ministros de Valladolid «sean hoy conocidos por sus fallos». «Ana Redondo, por un escándalo que afecta a la seguridad de mujeres con medidas de protección; y Óscar Puente, por una gestión ferroviaria marcada por retrasos e incidencias continuadas». «Valladolid merece ministros que sumen prestigio y resultados, no permanentes titulares por sus errores», han lamentado los senadores del PP, al tiempo que han recordado que la ministra vallisoletana Ana Redondo ya fue reprobada en sede parlamentaria la semana pasada y que su actitud reproduce un patrón visto con la polémica Ley del solo sí es sí de Irene Montero, donde se reconocieron «efectos indeseados» sin asumir responsabilidades políticas de ningún tipo por las rebajas de condena y excarcelaciones derivadas de su aplicación.
Por todo ello, el PP de Valladolid reafirma su «compromiso» con las víctimas y con la mejora de todas las herramientas de protección, e impulsará nuevas iniciativas para depurar responsabilidades y garantizar que un fallo de estas características no vuelva a producirse. A este respecto, han planteado una serie de exigencias y propuestas sobre este asunto de actualidad en todo el país, que en primer lugar pasa por la dimisión inmediata de la ministra Ana Redondo y asunción de responsabilidades políticas por la gestión de las pulseras antimaltrato; la auditoría independiente y urgente del sistema de control telemático, con publicación de resultados, calendario y medidas correctoras que garanticen su fiabilidad e inmanipulabilidad; transparencia total con la remisión al Parlamento de informes técnicos; un plan de refuerzo operativo en coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, órganos judiciales y servicios de atención a víctimas; evaluación rigurosa ex ante de cualquier reforma legislativa en materia de violencia contra la mujer para evitar repetir errores.
Redondo pide perdón a las víctimas por el «ruido» generado
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió este miércoles en el Senado el sistema de pulseras Cometa ante las críticas que viene recibiendo su Ministerio por los fallos técnicos, y en primer lugar pidió perdón a las víctimas por el «ruido» generado en torno a su seguridad, «que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura». La vallisoletana subrayó en su intervención que pese a las incidencias, «el servicio funciona con normalidad, protege a las víctimas y ha salvado vidas desde 2009″. Asimismo, Redondo recordó que el 87% de las mujeres se sienten más seguras con el dispositivo y que las incidencias detectadas «no comprometieron su seguridad, solo afectaron a procesos judiciales ya tramitados». «Frente a las acusaciones de opacidad o de falta de transparencia, quiero aclarar que todo este trabajo se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas, con la finalidad de preservar su seguridad y tranquilidad», aseguró la ministra vallisoletana, quien también avanzó que se ha iniciado una investigación interna «que podrá derivar en exigencia de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas».