Las Leyes de Concordia planteadas por los gobiernos en Castilla y León, Aragón y Comunitat Valenciana están de nuevo envueltas en una polémica que centra la atención de la actualidad política. En la mañana de este viernes se ha conocido un informe remitido por tres relatores de Naciones Unidas, que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno de España contra estas «Leyes de Concordia» de PP y Vox en estos tres territorio del país. El escrito advierte de que la ley aragonesa y las proposiciones de Castilla y León y Comunitat Valenciana «vulneran» los derechos humanos e «invisibilizan» a las víctimas. En cuanto a Castilla y León, los relatores destacan la supresión de la palabra «dictadura» para referirse al periodo histórico del franquismo, y añaden que se «invisibiliza la violación de los derechos humanos», al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su «innegable responsabilidad».
Esta valoración por parte de la ONU ha obligado tanto a los líderes políticos de Castilla y León a defender su postura así como al Gobierno de España para reafirmarse en su denuncia contra las Leyes de Concordia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la respuesta de la ONU conocida hoy supone «un respaldo irrefutable a la postura del Gobierno en la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos», ante la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y las llamadas «Leyes de Concordia» en Castilla y León y Comunitat Valenciana. El ministro considera que esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos porque «de forma contundente», los relatores que han firmado conjuntamente la comunicación aseguran que «dichas iniciativas van contra los valores de la Ley de Memoria Democrática, vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares internacionales y tratados internacionales suscritos por España«.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confesado que «desconoce» el informe de la ONU, y ha insistido que «no puedo hablar sobre algo que no conozco. Ni se nos ha comunicado, ni se nos ha informado, ni se nos ha dicho nada, con lo cual no puedo decir más a este respecto». Sin embargo, el líder del Ejecutivo autonómico ha reiterado que la norma conocida como la Ley de Concordia se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en Castilla y León, y ha subrayado que «no hacemos distinciones entre víctimas», ya que como ha apuntado Mañueco, «esa es su principal preocupación«, al tiempo que ha destacado que es «una prioridad política cuidarlas«. Asimismo, explicó que cuando conozcan el documento, lo leerán con «detenimiento» y tratarán de saber «quién ha pedido ese informe a la ONU», y para ello, «analizaremos y diremos qué es lo que estamos dispuestos a hacer».
Por último, el presidente de la Junta también ha querido hoy condenar públicamente la dictadura franquista, «lo acabamos de votar hace unos días en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León». Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha referido al informe de los relatores de la ONU preguntándose «quiénes son, qué saben de la Legislación Española y del contenido real de estas leyes porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento. Quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y todo eso será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución». El vicepresidente autonómico ha sostenido también que analizarán si estos tres relatores «tienen una visión imparcial de la situación o por si su trayectoria están condicionados».
«El único camino que queda es que Mañueco retire de forma inmediata la Ley de Concordia», así lo ha afirmado esta mañana el secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, tras conocerse dicho informe de Naciones Unidas. Tudanca considera «descorazonador comprobar cómo lo que en España para PP y Vox es una sana nostalgia del régimen franquista, para la ONU es una grave vulneración de derechos humanos». El líder de la oposición en nuestra Comunidad se ha preguntado «si puede seguir de presidente de la Junta de Castilla y León, alguien que en complicidad con la extrema derecha ha hecho que la ONU acuse a nuestra tierra de vulnerar e infringir derechos humanos«.
