El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha mantenido esta semana un encuentro con representantes vecinales de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, para conocer la situación actual derivada de la ocupación ilegal de viviendas que afecta a esta zona residencial desde el año 2022. Durante la reunión, el consejero ha expresado la preocupación del Gobierno autonómico por las «graves consecuencias» que esta problemática está generando en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, así como por el deterioro urbano y económico que padece el entorno.
Suárez-Quiñones ha subrayado que la Junta «está del lado de los vecinos y de la legalidad», y ha manifestado la voluntad del Ejecutivo autonómico de colaborar activamente con el Ayuntamiento de Arroyo y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen la restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada. El consejero de la Junta de Castilla y León también ha señalado que la Consejería está realizando un seguimiento permanente de este tipo de situaciones, especialmente en aquellas zonas donde la ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad. «La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», ha indicado. Por su parte, los vecinos han trasladado a los responsables autonómicos su malestar ante la prolongación del conflicto que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial que sufren. También han destacado la «falta de respuesta efectiva» por parte del Gobierno de España y de la Sareb, reclamando actuaciones más ágiles en los procesos judiciales y medidas que eviten nuevas ocupaciones.
Una Sareb, participada mayoritariamente por el Ejecutivo central, que ha hecho impago de los gastos de comunidad y que no pone fin a la grave situación creada. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha reiterado el compromiso de la Junta de defender los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de apoyar iniciativas y reformas legislativas que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales, sustituyendo los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, «que amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos«, de lo que es un ejemplo la situación creada en Arroyovereda. Finalmente, Juan Carlos Suárez-Quiñones trasladó a los representantes de los vecinos que «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», apostando por una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal.
Oficinas Antiocupación
Con el objetivo de prevenir y actuar ante los casos de ocupación ilegal de viviendas, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer, en todas las provincias, oficinas de información y asesoramiento antiocupación. Estos puntos de atención, gestionados por las Cámaras de la Propiedad Urbana, facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso. El servicio se presta tanto de forma presencial como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras. A fecha de octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 consultas telemáticas, lo que evidencia la «creciente demanda de información y asistencia especializada» en esta materia en toda Castilla y León.