La Junta promueve un modelo de economía circular con el uso de áridos reciclados en la obra pública

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. Esta norma tiene como objetivo fomentar la valorización de estos residuos por encima del 80%, pero también el uso posterior de este material como materia prima secundaria, impulsando la economía circular en este sector en condiciones ambientalmente adecuadas. Los residuos de construcción y demolición (RCD) son el principal flujo de residuos en cuanto a cantidad generada tanto en Castilla y León como en España y en la Unión Europea. Suponen aproximadamente un tercio del total de residuos generados.

En Castilla y León se producen un millón y medio de toneladas de residuos, gestionados por las 91 empresas que actúan como gestores de RCD en la Comunidad, las cuales tienen una amplia capacidad para tratarlo. Los áridos reciclados obtenidos del tratamiento de RCD se emplean como sustitutos de áridos naturales en el sector de la construcción. Sin embargo, existe un desequilibrio entre la cantidad de áridos reciclados generados y su utilización en obra, por lo que son necesarias herramientas como el recientemente aprobado Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León, para dar un impulso a su empleo en sustitución de materias primas vírgenes.

Por la importancia de su adecuada gestión, y sus posibilidades de valorización, la normativa y planificación europea y estatal recogen objetivos para estos residuos. La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos establece el objetivo de valorizar el 70% de los residuos de construcción y demolición generados, y así lo dispone también la Ley 7/2022 de Residuos. Castilla y León cumple este objetivo desde 2016, y ya en 2022 se alcanzó una tasa de valorización del 80%.

El decreto tiene por objeto establecer en la Comunidad, dentro del marco de una economía circular, medidas para lograr una producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición (RCD). Se pretende fomentar el uso eficiente de los recursos en el sector de la construcción. La principal aportación de este texto a la economía circular se basa en que establece la obligación de utilizar áridos reciclados procedentes de plantas autorizadas de reciclaje en las obras públicas de la Administración de la Comunidad. Se establecen para ello unos porcentajes de uso de áridos reciclados sobre la cantidad total de áridos cuya utilización esté prevista en cada obra.

Estos porcentajes fluctúan entre un 10% en obras de urbanización, conducciones, obras asociadas al desarrollo de redes de telecomunicación o redes de abastecimiento y saneamiento o construcción de carreteras y un 2% en obras nuevas de edificación. Con esta medida se prevé dar un importante impulso al uso de materias primas secundarias de calidad procedentes del sector del reciclaje de residuos de construcción y demolición. El Decreto dicta en sus artículos 6, 7 y en su anexo II las condiciones para que se puedan emplear los áridos reciclados en obras y residuos inertes en restauraciones de huecos mineros cumpliendo con garantías ambientales.

La norma prevé el establecimiento de garantías financieras para las plantas de reciclaje de RCD con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental de los gestores de residuos de construcción y demolición, y se indica que el cálculo de la cuantía de la misma se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos, debiendo depositar la fianza el titular de la actividad de gestión de residuos de construcción y demolición. La fianza es proporcional a la capacidad anual de gestión de las instalaciones.

El decreto entró de forma general en vigor el 28 de mayo de 2023. Sin embargo, se ha establecido un plazo transitorio de un año, de forma que las obligaciones de uso de árido reciclado no entran en vigor para los proyectos que se aprueben con anterioridad a la citada fecha. En relación con las fianzas de las instalaciones existentes, también se da un plazo de un año para que se hagan efectivas. La Junta de Castilla y León está llevando a cabo un ambicioso proyecto de sellado de escombreras de titularidad municipal que se encuentran diseminadas por el territorio de Castilla y León.

Estas actuaciones se enmarcan en convenios de colaboración provinciales con las nueve Diputaciones. Estos acuerdos se formalizaron para acometer el desarrollo de un programa integrado por las actuaciones de recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito ilegal de escombros; acciones orientadas a evitar la aparición de nuevos depósitos ilegales de RCD; actuaciones de educación ambiental, sensibilización y difusión de la información orientadas a la prevención y correcta gestión de RCD; implantación de áreas de aportación de RCD de obra menor; para la gestión de estos RCDs domésticos, cuya competencia es municipal, se ha establecido una red de zonas de aportación o recogida de RCD que dan servicio al ciudadano. Desde estas zonas, se envían los residuos a las distintas plantas de tratamiento existentes en la Comunidad. Para optimizar la recogida y tratamiento de RCD de origen domiciliario, las Diputaciones están organizando sistemas de recogida coordinados por áreas.

Con anterioridad a la elaboración del Decreto de 5/2023, de 4 de mayo, la Junta de Castilla y León encargó en el año 2018 un estudio pormenorizado de la situación de la gestión de los RCD en Castilla y León, así como de los requisitos técnicos y legales que deben cumplir los materiales reciclados para sus distintas aplicaciones posteriores. Posteriormente, con el fin de fomentar el uso de los áridos reciclados que salen de nuestras plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental comenzó en 2019 el proceso de elaboración del actual Decreto 5/2023, para abordar las siguientes cuestiones como definir los distintos usos admisibles para los áridos reciclados procedentes de plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición; establecer los parámetros ambientales para cada uso, es decir, los valores analíticos de los distintos contaminantes y la granulometría que deben cumplir los áridos reciclados en función del uso al que se destinen; o definir los controles que se deben efectuar sobre estos áridos, es decir, las analíticas de salida y la frecuencia de estas analíticas.

Por otra parte, en 2022 se publicó la Guía de Obra Pública sostenible en Castilla y León. El objetivo de esta guía es fomentar el consumo de áridos reciclados gracias a la exposición de 26 ejemplos de obras ejecutadas en Castilla y León en las que se emplearon áridos reciclados. Con las obras de mayor entidad de dicha guía se elaboró una exposición itinerante que se está exponiendo en las Delegaciones Territoriales de la Junta de las provincias, y que hoy se expone también en la sala en la que se ha organizado la jornada.