La protección a la infancia y la mejora de las condiciones de vida de los niños y adolescentes de Castilla y León es uno de los pilares del ‘Pacto Social de las Familias de la Comunidad’ en el que la Junta y las entidades del Tercer Sector se encuentran trabajando. Se trata de un compromiso, anunciado el pasado mes de octubre por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que se sumará a la futura Ley de Infancia y Adolescencia, texto que hará hincapié en la defensa de los menores más vulnerables y en la prevención de todas las formas de violencia, especialmente en los ámbitos educativo, sanitario y digital. En este contexto, el Ejecutivo autonómico y las entidades del Tercer Sector ya han mantenido la primera reunión de trabajo y está previsto que la próxima se celebre el 19 de noviembre.
En estos encuentros se está estableciendo la estrategia para apoyar a las familias vulnerables de la Comunidad, cuyo valor de futuro son precisamente los más pequeños. La Junta pretende «abordar» antes de que acabe el año un «gran pacto por las familias». De este modo, además de trabajar en una estrategia para la cohesión e inclusión social en zonas desfavorecidas, en la ampliación de la Historia Social Única o en la vinculación de ayudas a la búsqueda de empleo, se está apostando por la infancia y la adolescencia a través del fomento de la educación como cauce para la integración y la promoción de la igualdad de oportunidades entre los menores, fundamentalmente mediante la reducción del absentismo escolar y el impulso de las matriculaciones en las etapas gratuitas de 0 a 3 años en familias vulnerables.
Así lo ha explicado la vicepresidenta Isabel Blanco durante el II Encuentro autonómico de participación infantil celebrado en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León junto con esta institución y Unicef. Blanco ha defendido el futuro pacto por las familias como la fórmula esencial para fortalecer la protección de los 333.500 menores de 18 años que residen en la Comunidad, el 14% de la población, quienes a su vez, ha expresado la vicepresidenta, «tienen todo el derecho a exteriorizar sus inquietudes y propuestas tanto a las administraciones como a las entidades del Tercer Sector, cuyo papel es clave por trabajar sobre el terreno y ser conocedoras de la realidad de este colectivo». Además, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que Castilla y León es una «tierra especialmente comprometida» con los derechos de la infancia.
Precisamente por eso, la Junta impulsó hace apenas dos años el Foro de la Infancia y la Adolescencia, instrumento fundamental de representación de los menores castellanos y leoneses y altavoz de sus reivindicaciones sobre los asuntos que les afectan de manera directa. Un espacio en el que niños y jóvenes de entre 8 y 17 años ejercen de puente entre su colectivo y la Administración, y que ha sido clave a la hora de aportar propuestas al borrador de la futura Ley. Durante su intervención, Isabel Blanco ha manifestado que los menores no son sólo «el presente, sino el futuro, lo cual demuestran participando tanto en este espacio como en el foro autonómico». Además, el próximo 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, y la vicepresidenta ha señalado este encuentro como el momento ideal para poner de relieve el protagonismo de los niños y adolescentes.
La titular de Familia no ha querido perder de vista todos los pasos dados hasta la fecha en defensa de la dignidad de los menores y ha recordado el ‘Pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León’, firmado hace poco más de una década, al que ya hay 238 entidades adheridas. Éstas y el Ejecutivo autonómico están comprometidas con mejorar su bienestar, proteger sus derechos y facilitar su participación como miembros activos de la sociedad. La Junta, ha añadido Isabel Blanco, trata de «dar respuesta a todas aquellas cuestiones que inquietan a los más jóvenes, desde el ámbito educativo hasta el medioambiental, pasando por la cultura y el ocio, con el mero objetivo de que, cuando superen la mayoría de edad, puedan lograr un empleo, emanciparse y desarrollarse en Castilla y León».