La Junta ha registrado, dentro del plazo establecido por el Ministerio de Hacienda en trámite de audiencia, las alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. El documento, que recoge 12 alegaciones, reitera la oposición de la Junta de Castilla y León a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España. Este rechazo ya fue trasladado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y reiterado en distintos encuentros técnicos, así como en el trámite de consulta pública previa.
El documento de alegaciones registrado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañeco expone 12 puntos fundamentales basándose en primer lugar que la norma tiene una «motivación claramente política y responde al cumplimiento del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos». Además, «el anteproyecto de Ley no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades para sufragar los servicios de su competencia», ya que «se trata de un parche aislado y no incluye ninguna disposición para corregir la insuficiencia financiera estructural de las administraciones autonómicas». Para la Junta de Castilla y León, la prioridad «debe ser la reforma del modelo de financiación caducado desde hace 11 años, atendiendo a los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad y multilateralidad».
Como tercera alegación, el Gobierno de Mañueco expresa que «se menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública que recoge el artículo 9 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por el que cada administración debería responder de sus decisiones y asumir las consecuencias de estas». Además de que el anteproyecto «no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales, e incentivar una disciplina fiscal efectiva». Según el documento de alegaciones de Castilla y León, el Gobierno ha actuado «sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración en las relaciones financieras del Estado y las Comunidades, al no haberse desarrollado un proceso de consulta y negociación multilateral con las distintas autonomías. Se ha presentado como un acuerdo ya cerrado y que se trata de imponer al conjunto de Comunidades».
Otra de las razones es que es «una medida injusta que genera agravios comparativos entre territorios y un trato discriminatorio y no igualitario, vulnerando los principios de eficiencia en la asignación de los recursos y de lealtad institucional». La Junta discrepa de los «criterios de reparto acordados y aplicados ya que se consideran totalmente discrecionales, redistribuyendo de forma injustificada una parte de la deuda que asumirá el Estado en base a criterios totalmente ajenos al que se establece en el actual sistema de financiación». En ese sentido, insisten en que «no está justificado el incremento del volumen de deuda a traspasar al Estado por el simple hecho de que no alcanzar el porcentaje medio del conjunto de CC.AA., cuando todas las comunidades están infrafinanciadas». Además, para el Gobierno autonómico de Castilla y León, el anteproyecto perjudica a las Comunidades que «han bajado impuestos en favor de quienes las han subido, discriminando a las que han utilizado su capacidad normativa generando ahorro fiscal a los ciudadanos, y que han aplicado una política presupuestaria prudente. En ningún caso los criterios de reparto se han fijado teniendo cuenta qué parte del endeudamiento podría estar asociado a un gasto ineficiente, ignorando la opinión de expertos independientes y las recomendaciones de la AIREF».
En este sentido, los ciudadanos de Castilla y León «estarían entre el grupo de los más perjudicados ya que el efecto final es que verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros». Al contrario de lo manifestado por distintos responsables políticos, «esta medida no supone un flujo de ingresos adicionales hacia el conjunto de las arcas autonómicas, ni tampoco se generaría mayor capacidad de gasto para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales». El anteproyecto recoge varias propuestas de cambio en el régimen de endeudamiento de las CCAA, para nuestra Comunidad «la más relevante sería la derogación de la obligación de destinar el endeudamiento a largo plazo a inversión pública. Se intenta esquivar el problema real de la insuficiencia de los recursos que proporciona el sistema de financiación autonómico (SFA). Tampoco se comparte que hasta el año siguiente al de la publicación del proceso de asunción de deuda las administraciones autonómicas deban obtener autorización del Estado para formalizar cualquier operación de deuda a largo plazo».
La valoración del anteproyecto de ley orgánica por parte de la Junta de Castilla y León es «negativa» en cuanto que se considera que, «a través de la reducción de la cartera de deuda, no se alcanzará el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, Castilla y León ya disfruta de un adecuado grado de accesibilidad a los mercados con cargo a los cuales se viene financiando de manera ordinaria al tener asignado un grado de solvencia financiera idéntico al Reino de España». La sostenibilidad financiera de las comundades, para el Gobierno de Mañueco, «se debe abordar de forma conjunta con la reforma del SFA, en un debate multilateral que garantice la igualdad en el reparto de recursos». «Castilla y León sufre la insuficiencia de recursos para afrontar las necesidades de gasto que afecta a todas las regiones, y está afectada por la insuficiente ponderación en el modelo actual de los factores demográficos y territoriales que incrementan de forma significativa el coste real de prestación de los servicios públicos», han denunciado a travésdel documento. En definitiva, el Consejo de Cuentas de Castilla y León cuantifica el déficit acumulado de financiación de la Comunidad en el SFA entre 2009 y 2021 en 6.722 millones de euros, más de 500 millones anuales.