La Diputación de Valladolid ha aprobado una declaración institucional en apoyo al Ayuntamiento de Medina de Rioseco en su solicitud de declaración como Zona Catastrófica tras las grandes lluvias, granizo y vientos sufridos el pasado 31 de agosto. Tras recordar que el Pleno del Consistorio riosecano aprobó por unanimidad la solicitud de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil al Gobierno de España, ahora el Pleno provincial del mes de septiembre ha manifestado su solidaridad con quienes han sufrido daños en sus viviendas, negocios y enseres, con el Ayuntamiento de Rioseco por los graves daños producidos en equipamientos e infraestructuras municipales, y en general, con todos aquellos que se han visto afectados de algún modo. Asimismo, manifiesta su apoyo a la solicitud al Consejo de Ministros para la declaración de Medina de Rioseco como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado también una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Bimbo en la que se considera absolutamente necesario que se mantenga abierta la planta, ya que su cierre supondrá un «enorme perjuicio», directo e indirecto, a la economía y la sociedad de la provincia. En concreto, la declaración resalta que la Diputación de Valladolid manifiesta su total apoyo a los trabajadores de Bimbo de la planta de Valladolid. En segundo lugar, la Diputación de Valladolid solicita a la empresa Bimbo que mantenga su actividad y los puestos de trabajo en la factoría. Y por último, la institución provincial insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a tomar de forma inmediata cuantas medidas estén a su alcance para evitar el cierre de este centro de trabajo. Además, el Pleno ha aprobado este viernes la proposición presentada por el PP en defensa de un «sistema de financiación justo y solidario» entre las Comunidades y Ciudades Autónomas.
En concreto, el Pleno exigirá al Gobierno de España a defender la igualdad y la solidaridad como «principios irrenunciables» del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones; a paralizar cualquier avance hacia la «independencia fiscal» solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria; a convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes Autonómicos, para abordar la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que la AlReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno. También se ha pedido garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentara el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica; abandonando la bilateralidad con las comunidades autónomas; a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.
En ambos casos, se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad; a basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el incremento exponencial del coste de los servicios públicos. La proposición también insta al Gobierno al respeto a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía; a ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y a crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación; a garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE; y a facilitar a las comunidades autónomas disponer de los 18.000 millones de fondos europeos que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos.
La proposición, que también pide dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP, fue aprobada con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE y TLP. En otro orden de cosas, la Diputación también ha dado luz verde a la proposición presentada por Vox para instar al Gobierno a que extreme su diligencia con la ejecución de la A-11. Desde Pimentel instan al Gobierno de España a que se cumplan los plazos previstos en los tramos actualmente en ejecución, y a ser diligente en la licitación de los restantes. La proposición fue aprobada con el voto favorable de Vox, PP y TLP y el voto en contra del PSOE. Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad la proposición presentada por TLP para garantizar la provisión de las plazas de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos, con una enmienda de adición del PSOE.
En concreto, se pide al Gobierno a agilizar los procesos de estabilización de empleo pendientes de resolución de estas plazas ocupadas por interinos en la provincia. Asimismo, se insta al Gobierno español a agilizar la convocatoria de los procesos selectivos de empleo público de funcionariado de Administración Local de habilitación nacional de la subescala de Secretaría-Intervención, ampliando el número de plazas ofertadas de forma que se de provisión al total de puestos vacantes en las localidades. Además, la enmienda aprobada insta a la Junta para que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución de PRTR en materia de régimen jurídico local y la modificación de la consiguiente legislación propia sobre el Régimen Local de 1998, favoreciendo la gestión colaborativa en municipios de menos de 20.000 habitantes.
