El Ministerio de Juventud e Infancia ha anulado durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en la jornada de este lunes, la votación mediante la cual las comunidades autónomas iban a manifestar su postura ante los criterios de reparto de menores no acompañados previamente aprobados en el Congreso por el Gobierno y sus socios, y precisamente, sin contar con la posición de las comunidades autónomas. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha asistido a dicho encuentro, ha reprobado la actitud del Ejecutivo central al considerar que ha evitado someterse a «una derrota».
Tal y como ha explicado Isabel Blanco tras la reunión celebrada en la tarde de este lunes en Madrid, «de entrada, convocar la reunión de manera urgente no tiene sentido alguno, ya que en primer lugar, la titular del Ministerio competente ya adelantó tal convocatoria hace prácticamente tres semanas, lo cual hace perder ese carácter, y también, la califican como urgente para utilizarlo como excusa y así no aportar ningún tipo de información, ni los datos que les han remitido todas las comunidades autónomas para que a partir de ellos, se establezca el número de menores no acompañados que se van a distribuir por cada territorio, y por tanto, ni tal número de menores ni la correspondiente financiación». Pero además, la vicepresidenta autonómica ha relatado, que a priori, «el objetivo del Gobierno de España era que las comunidades autónomas acudieran a la reunión para dar el visto bueno a unos criterios de reparto que ya habían sido previamente aprobados en el Congreso de los Diputados sin contar con ellas».
Concretamente, mediante el Real Decreto–Ley 2/2025 de 18 de marzo, por el que se aprueban las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Sin embargo, la ministra Sira Abed ha anulado la votación, evitando así una «previsible derrota» de la posición del Gobierno y sus socios, según sostuvo Blanco, quien reconoció que salió de la reunión con un «alto grado de estupefacción». «El Gobierno ha entendido que no iba a haber unanimidad y ha impedido la votación«, ha añadido Isabel Blanco, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo central ha puesto «varias excusas» para esquivar un rechazo. Isabel Blanco ha sentenciado que «lejos de buscar el consenso, va a imponer sus criterios para continuar la cesión permanente a sus socios». En cuanto al propio Real Decreto–Ley, la vicepresidenta ha recordado que Castilla y León es una de las comunidades que va a presentar recurso de inconstitucionalidad ante lo que se considera una «invasión de competencias».