El caso de los gallos virales robados en Valladolid tiene un nuevo capítulo. Después del vídeo publicado por el clan vallisoletano reclamando las aves robadas, y la posterior recuperación de las mismas en Soria, la Guardia Civil ha tomado cartas en el asunto y ha procedido a la inspección tanto del recinto donde habitan dichos gallos como de los propios dueños. Los agentes de la Benemérita de Valladolid han abierto este viernes una investigación a un hombre de 43 años por la comisión de un delito contra los animales por la mutilación de crestas y barbillas a unos ejemplares de gallos de la raza combatiente español sin informe veterinario.
Todo comenzó el pasado jueves 16 de enero cuando la Guardia Civil de Valladolid tras recibir información del Cuerpo de Soria, sobre la denuncia presentada en la capital soriana por el titular de una explotación, por el robo de varios gallos en unas instalaciones de Valladolid, abrió diligencia por un presunto delito de maltrato animal dando conocimiento a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de Valladolid. Este hecho generó una gran repercusión en redes sociales por la difusión de vídeos del clan familiar de Valladolid reclamando -con todo tipo de comentarios y amenazas-, la devolución de los gallos. Así, este martes 22 de enero, como parte de la investigación, la Guardia Civil realizó una inspección de las instalaciones en colaboración con los Veterinarios de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, en una explotación de gallos ubicada en la ciudad del Pisuerga.
En el lugar, los efectivos inspeccionaron un total de 21 aves, 15 gallos y 6 gallinas de la raza combatiente español en su mayoría y algún cruce de las razas combatiente español-fénix. En concreto, cinco de estos gallos presentaban las crestas y las barbillas amputadas sin que los dueños pudieran acreditar que dicha amputación se debía a causas terapéuticas o de diagnóstico. Según la Guardia Civil, estos animales corresponden con los gallos sustraídos y posteriormente recuperados en Soria. Eso sí, el resto de los animales se encontraban en «condiciones aceptables». De los hechos inspeccionados se desprendió la carencia total de cualquier tipo de autorización, licencias permiso o comunicación a las distintas autoridades locales y autonómicas, por lo que la Benemérita ha instruido las diversas denuncias administrativas observadas por no tener dado de alta un corral doméstico, no comunicación ambiental al ayuntamiento de Valladolid.
Asimismo, fuentes de la investigación apuntan que se están realizando gestiones con la empresa titular de la finca para conocer la legalidad de la situación de la explotación. Los animales han quedado inmovilizados en el lugar debido a la imposibilidad de encontrar una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad y en aplicación de la normativa sectorial regulada en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 24 de abril de Sanidad Animal, con restricción, de entradas y salidas desde y hacia esta ubicación. Este delito está tipificado en el Código Penal en su Artículo 340 bis y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
Finalmente, las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial, si bien se continúa con la investigación de este caso que está dando mucho de que hablar en las últimas semanas en Valladolid.
