Fuego y humo, aunque en este caso no era una desgracia sino una protesta. Bomberos forestales de toda la Comunidad han organizado una manifestación a las puertas de las Cortes de Castilla y León mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecía en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la situación de los incendios. Una protesta motivada por el «hartazgo» de los agentes y brigadistas durante esta ola de incendios y a la que acusan al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, por la «mala gestión». Los bomberos junto a representantes de sindicatos y colectivos han pedido la dimisión tanto del consejero responsable del Servicio autonómico de Extinción de Incendios como del propio presidente Alfonso Fernández Mañueco.
Por unos instantes, en la mañana de este viernes se ha improvisado un mini operativo a modo de protesta con brigadistas, batefuegos, humo, y todo tipo de carteles rechazando las medidas del Gobierno autonómico y la previsión del dispositivo de incendios. La concentración estuvo respaldada por agentes y bomberos forestales, así como por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y los partidos políticos PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Durante el acto, los manifestantes, encabezados por brigadistas, prendieron fuego a unas pacas de paja y ruedas con el fin de que el humo negro cubriera durante unos minutos el edificio de las Cortes y se entendiera como un símbolo de lo que está pasando en algunas provincias de la Comunidad. «Ahora ya veis lo que es el humo en primera persona», se escuchaba entre los brigadistas presentes. «Dimisión», gritaban otros. En la concentración, los agentes forestales también pronunciaron un manifiesto en el que recordaron la tragedia vivida en nuestra tierra durante las últimas semanas. «Pueblos arrasados, paisajes calcinados y personas que han muerto por luchar contra el fuego, sin las medidas y recursos suficientes», denunciaron. Durante el discurso, los manifestantes señalaron que «la Junta carece de política forestal y de prevención, consecuencia de la negación del cambio climático».
«Nos han dejado abandonados a su suerte», manifestaron los allí presentes. Tras estas palabras los sindicatos, a través de sus delegados tomaron la palabra. En este sentido, UGT ha reclamado la creación de un Operativo de Emergencias, «una especie de UME civil», dentro de un órgano de la Junta con rango de consejería. Así lo manifestó el vicesecretario de Administración Pública y Diálogo Social de la federación, Carlos Arenas, durante la concentración de agentes forestales. Tras recordar que después de los terribles incendios de 2022, el sindicato consiguió arrancar a la Consejería de Medio Ambiente un acuerdo con el que se mejoró sustancialmente el Operativo de Incendios, ha afirmado que «no se obtuvieron todos los objetivos que UGT planteó para mejorar las condiciones laborales del operativo«. Por eso, Arenas ha sido tajante al manifestar que «vamos a seguir adelante con nuestras reivindicaciones», siendo la primera de ellas la de «conseguir un Operativo de Emergencias público, profesional, totalmente formado y especializado». Además, según UGT el operativo «tiene que estar activo durante todo el año y ocuparse, cuando no se esté en época de peligro alto ni atendiendo otra emergencia, de las labores de prevención de incendios».
Por su parte, CCOO ha asegurado que denunciará a la Junta por delito contra la salud de las personas que trabajan en el Operativo de Incendios Forestales. El sindicato ha reprochado los «incumplimientos en materia de salud laboral» ante la Inspección de Trabajo, en temas como «la regulación de la jornada máxima en 12 horas, que ahora se están haciendo 15 y hasta 20 horas diarias; condiciones de los puestos de trabajo por la exposición al humo y sustancias cancerígenas y el uso de los Equipos de Protección Individual ya que solo cuentan con uno por persona trabajadora y la administración se debe ocupar de lavarlo». Según han señalado, «la última de estas denuncias se presentó justo hace un año, en agosto de 2024, y en febrero de 2025, la Inspección de Trabajo volvió a dar la razón al sindicato en todos los incumplimientos denunciados». Estos requerimientos de la Inspección de Trabajo son «obligatorios», y la Administración «debe cumplirlos» ya que el Ministerio de Trabajo no puede sancionar a la Junta, como hace en el caso de las empresas privadas. «La Junta no cumple con sus obligaciones, por lo que CCOO tiene que acudir a la vía penal, exigir responsabilidades políticas y reclamar un cambio de modelo de operativo público», han señalado.
Por su parte, la agente medioambiental de CSIF, Sara Mateos, ha indicado que la gestión que se ha hecho de los incendios forestales en nuestra Comunidad ha sido una «vergüenza», al tiempo que ha exigido las dimisiones de Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Ángel Arranz porque a su juicio son unos «incompetentes». Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios insisten en «un operativo 100% público y permanente bien dimensionado» ante el «desastre medioambiental» que ha azotado a varias provincias castellanas y leonesas durante este mes de agosto. Asimismo, Mateos volvió a recordar como ya hiciera el pasado lunes en una rueda de prensa organizada por el sindicato, que los incendios forestales en Castilla y León se hubieran podido evitar «si hubiera habido medios».