El senador socialista por Valladolid, Javier Izquierdo, y la diputada nacional, Luisa Sanz, han comparecido este jueves para valorar las consecuencias de los aranceles impuestos por la administración estadounidense a productos europeos, así como para detallar las medidas adoptadas por el Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 4/2025 de respuesta urgente ante esta amenaza comercial. Durante su intervención, Izquierdo ha advertido sobre la «inestabilidad» e «incertidumbre económica» que genera la imposición unilateral de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos, algo que según afirmó el senador vallisoletano, «no beneficia ni siquiera a su propia economía».
En este contexto, Izquierdo ha subrayado que aunque las previsiones apuntan a que España será uno de los países menos afectados, «el Gobierno ha actuado con responsabilidad, rapidez y previsión». Asimismo, el senador socialista ha recordado que sectores clave de la economía de Castilla y León, como el vino, la agroindustria o la automoción, con fuerte presencia en provincias como Valladolid, Palencia y Burgos, «podrían verse seriamente perjudicados». Frente a ello, Javier Izquierdo ha criticado la postura del Partido Popular y Vox, a quienes acusó de «hipocresía e irresponsabilidad». «Resulta escandaloso que mientras PP y Vox dicen apoyar al campo y a la industria, voten en contra de un decreto que moviliza más de 14.000 millones de euros en ayudas directas para las empresas y trabajadores afectados», ha denunciado el senador del Partido Socialista, al tiempo que ha calificado de «acto de sometimiento ideológico» la negativa del Partido Popular a apoyar la iniciativa, atribuyéndolo a su dependencia política de la ultraderecha. Por su parte, la diputada del PSOE por Valladolid, Luisa Sanz, detalló el contenido del Real Decreto-ley, aprobado con 176 votos a favor.
Sanz destacó que España ha sido el primer país de la Unión Europea en diseñar un plan integral de respuesta frente a los aranceles de Trump. Las medidas incluyen una línea de avales de 5.000 millones de euros, con 1.000 millones ya operativos, para garantizar liquidez a las empresas afectadas. La diputada socialista ha explicado que supone «un refuerzo del ecosistema financiero público, incluyendo la ampliación del fondo FIEM, mayor cobertura de la aseguradora CESCE por 2.000 millones, y el incremento del límite de contratación del sistema de cobertura pública hasta los 15.000 millones de euros». Sanz ha insistido en que «se trata de una norma necesaria, justa y transparente» y ha denunciado que PP y Vox se opusieran a ella sin ofrecer una alternativa viable, «anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses de la ciudadanía y de los sectores económicos de Castilla y León».