«Reclamar al Ministerio de Justicia que cumpla con su compromiso con Valladolid y ejecute el Campus de la Justicia de una vez por todas», con este propósito, la presidenta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, explica que su grupo respaldará mañana la concentración convocada por los operadores judiciales de la ciudad, a las puertas del Colegio El Salvador, después de que los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo contemplasen 200.000 euros para este proyecto, y se haya rechazado recientemente con los votos en contra del PSOE y de los diputados por Valladolid Helena Caballero y Julio del Valle, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para incrementar esa partida en un millón de euros, tal y como propuso en el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento el Grupo Municipal Popular.
«Es una auténtica vergüenza el tratamiento que el Gobierno de España le está dando al futuro Campus de la Justicia, despreciando a la ciudad con el beneplácito del alcalde. «Óscar Puente se ríe a la cara de todos los vallisoletanos; se erige como defensor a ultranza del proyecto e incluso nos hace creer que le planta cara a su partido, pero lo cierto es que él es el principal culpable de que la Ciudad de la Justicia no salga adelante», manifiesta la popular. «Mañana se colocará en primera línea en la concentración, pero donde tiene que estar es en el Ministerio de Justicia para arrancarle a la ministra el respaldo definitivo y necesario para que un proyecto como éste, de vital importancia para nuestra ciudad, salga adelante», asegura Pilar del Olmo.
En este sentido, Del Olmo insiste en el férreo compromiso del Grupo Municipal Popular con la construcción del Campus de la Justicia, y recuerda que en línea con el mismo presentó en el Pleno de octubre una moción para que se entregaran de manera inmediata al Ministerio de Justicia el Colegio El Salvador y los terrenos anexos. «El equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza votó en contra de esta propuesta alegando que todo iba bien y seguía los ritmos normales, cuando tan solo un día después se constató la falsedad de estos hechos al hacerse públicos los Presupuestos Generales del Estado y la cantidad «irrisoria» consignada para el Campus por el Gobierno de España».
La presidenta de los populares explica que ante estos hechos y la nefasta gestión del proyecto llevada a cabo el actual equipo de Gobierno su grupo planteó en el Pleno de noviembre una moción para garantizar la ejecución en Valladolid del Campus de la Justicia e impulsar el proyecto. Una propuesta que fue apoyada de manera unánime por el resto de formaciones que integran la Corporación municipal, tras aceptar los populares la sustitución de la palabra «convenio» por «protocolo», el cual debería firmarse tras retomarse las negociaciones con el Ministerio de Justicia e incluir aspectos tales como el compromiso de ejecución del proyecto en plazos y el presupuesto efectivo para la realización de la Ciudad de la Justicia.
Dicha moción instaba al alcalde a reunirse de forma inmediata con los representantes de los sectores afectados del ámbito judicial para ofrecerles las explicaciones oportunas en relación a la situación del proyecto, así como instar al equipo de Gobierno a dirigirse a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado de España para la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, incrementando la previsión económica para el Campus de la Justicia en un millón de euros. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid entiende que el Campus de la Justicia es un proyecto que «no puede demorarse más por discrepancias de ningún tipo», por lo que su presidenta se ha dirigido al director del Gabinete de la ministra de Justicia, con el fin de trasladarle la necesidad de impulsar el proyecto y de que se retomen las negociaciones con el alcalde.
Asimismo, en el Pleno ordinario que se celebrará el 13 de diciembre el Grupo Popular planteará dos mociones. La primera de ellas para solicitar al Gobierno de España la no revisión de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal, así como la reforma inmediata de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Por ello, reclaman al alcalde a que se dirija al presidente del Gobierno de España y a todos los portavoces de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y el Senado para que se suspenda la tramitación de manera inmediata de la iniciativa parlamentaria presentada para derogar el delito de sedición y no llevar a cabo ninguna modificación en el Código Penal.
Además, también se instará en esta moción al alcalde a que solicite al presidente del Gobierno el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil, dada la alarma social que han suscitado los desajustes jurídicos de la Ley Orgánica 10/2022, y su actitud, culpando a los jueces españoles de realizar una interpretación machista de las leyes, desacreditándolos y creando así la inseguridad de las víctimas en quienes tienen que confiar, y acusan al PP de promover «la cultura de la violación».
