El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y los parlamentarios nacionales, Arenales Serrano, José Ángel Alonso y Eduardo Carazo, ha analizado hoy en rueda de prensa la nueva Ley de Fiscalidad Agraria. El Partido Popular ha presentado en el Senado una Ley de Fiscalidad Agraria para reducir el «infierno fiscal» que sufren los agricultores y ganaderos y que supondrá un beneficio fiscal para los más de 7.000 profesionales que hay en la provincia de Valladolid. Tanto Íscar como los parlamentarios populares por la provincia, han asegurado que «esta ley es una medida necesaria porque el Gobierno de Sánchez se ha convertido en el principal enemigo del campo español».
En primer lugar, Conrado Íscar ha señalado que «el Partido Popular defiende una vez más los intereses de esta tierra ante los continuos agravios de Pedro Sánchez hacia Valladolid y hacia Castilla y León». «Son muchas las ocasiones en las que nos vemos obligados a levantar la voz por las humillaciones que sufrimos por parte de un presidente del Gobierno que lo único que pretende es mantenerse en el poder y favorecer de a sus socios separatistas, aunque sea a cambio de perjudicar al país. Esta es una situación insostenible«, ha enfatizado el presidente de los populares y también presidente de la Diputación de Valladolid. «Esta ley que hoy les presentamos de Fiscalidad agraria supondría un ahorro de 700 millones de euros a los agricultores y ganaderos de nuestro país», remarcan desde el PP. Por su parte, la senadora Arenales Serrano ha asegurado que «el PP es el partido del campo». Asimismo, Arenales ha señalado que es necesario atender las demandas del sector para «garantizar» la continuidad de las explotaciones y la producción de alimentos en España.
Por ello, junto a propuestas como la reformulación del plan de fitosanitarios, el control del lobo por encima del Duero, la rebaja del IVA de los alimentos, la doble tarifa eléctrica, o la facilidad para la contratación de trabajadores temporales, el PP ha planteado esta medida con el fin de reducir el «infierno» que padece el sector agrario. «El sector está sometido a una fuerte presión fiscal que se ha incrementado en casi dos puntos como consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas por Sánchez», han señalado los populares. Así, para amortiguar esta presión, el PP ha presentado esta Ley que contempla ampliar el umbral que permite a agricultores y ganaderos mantenerse en el régimen especial de tributación de los 250.000 euros actuales de ingresos a 325.000 euros, y también, elevar el umbral de gastos de 150.000 a 250.000 euros para facilitar la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF. Asimismo, introduce una mayor flexibilidad en la forma de calcular el umbral de facturación, de tal forma que el agricultor pueda elegir si se considera el resultado del último ejercicio o la media de los tres últimos ejercicios.
Además, esta Ley de Fiscalidad Agraria establece, que para paliar el impacto de factores adversos y el incremento de los costes de producción y de los insumos, las ayudas directas que reciban los agricultores y ganaderos queden exentas de tributación en la declaración de la renta y no se computen en la base imponible del Impuesto de sociedades. Junto a ello, fija un plazo de 6 meses para analizar las trabas administrativas a eliminar para aumentar la productividad y la competitividad del sector primario con el objetivo de simplificar la burocracia, e incluye otras propuestas como el incremento de los porcentajes de compensación por el IVA soportado y repercutido buscando mejorar la rentabilidad de los profesionales del sector; la deducción compensación íntegra del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los tres últimos años para fomentar la modernización y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; la deducción por seguro agrario; y el aumento a los 3.000 euros la cantidad de los gastos de difícil justificación por su escaso valor.
Por su parte, el diputado Eduardo Carazo ha explicado cómo la semana pasada se consiguió el control del lobo mediante la aprobación de dos enmiendas que suponen «una alegría para nuestros ganaderos» y que pone de manifiesto una vez más que «la política de los despachos que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez no vela por los intereses de los españoles». De esta manera. «se va a terminar con la sobreprotección al lobo, teniendo en cuenta el aumento de un 47% de ataques de lobo en el último año», recordó el popular.
