El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado definitivamente las ordenanzas fiscales para 2025, entre las que se encuentra la modificación de la ordenanza fiscal que afecta al IBI de Valladolid, es decir del Impuesto de Bienes Inmuebles, que se reducirá un 5% desde el 1 enero. La bajada del IBI será progresiva hasta llegar al 10% al final del mandato y cumplir el compromiso anunciado por el equipo de Gobierno. Además, también se ha estimado la propuesta presentada por el Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León en relación con la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con el fin de conceder una interrupción del plazo para autoliquidar el tributo cuando se trate de actos mortis causa y se promueva la división judicial de la herencia.
A este respecto, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha expresado que la razón de dicha estimación «es la voluntad del equipo de Gobierno de facilitar a los contribuyentes la gestión de este complejo y controvertido tributo«. Asimismo, ha recordado que el Consistorio mantiene una reclamación patrimonial al Gobierno central en relación con las deficiencias en la regulación legal del impuesto. Igualmente, se ha aceptado la alegación a la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, presentada por la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de Valladolid Antonio Machado, con el propósito de aclarar que se permite que se acojan a la bonificación fiscal por instalaciones para el aprovechamiento de energía proveniente del sol durante los cuatro años siguientes a la finalización de la instalación, es decir, desde el 1 de enero de 2021, siempre que se solicite en el primer trimestre de 2025.
Sobre este aspecto, el concejal vallisoletano ha señalado que «esta aclaración es coherente con el compromiso electoral de los partidos que conforman el Gobierno municipal, reduciendo la presión fiscal aplicando las bonificaciones potestativas que permite la Ley». Por último, también se le ha dado el visto bueno a la alegación presentada por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal, a fin de que quienes cuenten con un gestor autorizado de residuos se acojan al sistema de estimación directa, lo que les permite tributar por la cuota mínima. En este sentido, Blanco ha recordado en el Pleno que «la aprobación definitiva de la ‘tasa de basuras’ lo es en cumplimiento estricto de la normativa nacional, ya que esta tasa no responde a la voluntad del equipo del Gobierno. Por eso, en la medida de lo posible, se ha sido sensible y receptivo a las propuestas formuladas por las asociaciones de propietarios y empresarios y se ha procurado minimizar todo lo posible su carga impositiva».
Asimismo, ha expresado su disconformidad con que se obligue a los Ayuntamientos a imponer la tasa. La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, conocida como Directiva Marco de Residuos establece una serie de objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales, pero en ningún momento la obligación directa a los estados miembros para imponer una tasa. Así lo reconoció el pasado 3 de diciembre de 2024 el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Marcos Sefcovic, quien indicó que son los Estados miembros quienes pueden elegir de manera discrecional los instrumentos concretos para aplicar la Directiva UE 2018/851.
Sin embargo, el Gobierno de España a través de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha optado por imponer una tasa de obligatorio cumplimiento para todos los Ayuntamientos españoles. «La regulación y definición recogida en la Ley es muy deficitaria, sin definir ninguno de los elementos esenciales únicamente dispone que debe de ser una tasa específica, no deficitaria y diferenciada», señaló.
Ante este escenario, y no siendo voluntad del equipo de Gobierno de PP y Vox, el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho un «gran esfuerzo» para diseñar la tasa con el escaso marco legal existente y los datos disponibles, tratando de perjudicar lo menos posible a los ciudadanos. La tasa no puede ser deficitaria y debe cubrir los costes de la recogida de residuos del Ayuntamiento. En este punto se puede referenciar que en Valladolid la cuota asociada a viviendas es de 70,87 euros, muy alejada de la media nacional que se sitúa en 90,80 euros, según el estudio Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos 2023 ‘Las tasas de residuos en España. Fundació ENT’.
Otros asuntos del último Pleno ordinario del año
En otro orden de cosas, el Pleno celebrado en la víspera de Nochebuena en Valladolid, el Grupo Municipal Socialista ha facilitado un acuerdo plenario para impulsar el desarrollo de vivienda pública en los antiguos cuarteles de la AALOG 61 en el barrio de La Rubia como había prometido en campaña electoral. En concreto, el PSOE ha respaldado de forma decidida una moción «para el inicio de los trámites para el desarrollo de esos terrenos» ante la «inminente operación de compra de esos suelos y su puesta en valor por parte de la sociedad que va a desarrollar viviendas públicas en España», ha anticipado el portavoz socialista Pedro Herrero. Según Herrero, esta es una moción que «merece ser aprobada por unanimidad«, ya que se trata de «un proyecto de ciudad, muy vinculado a una necesidad social fundamental como es el acceso a la vivienda«.
«Lo importante es que esta operación salga adelante y tanto el número de viviendas como la fórmula de gestión no debe ser objeto de debate habiendo buena voluntad y estando todos los grupos de acuerdo en que el objetivo final debe ser que la vivienda tenga un precio asequible», ha indicado. Asimismo, Herrero concluyó su intervención en el Pleno apuntando un firme compromiso, «vamos a trabajar para que el Consejo de Ministros apruebe lo antes posible la formalización de esta compra». Por otro lado, Valladolid Toma La Palabra, a través de su portavoz Rocío Anguita, ha interpelado al alcalde Jesús Julio Carnero para exigir el cumplimiento de la sentencia 1493/2024 del Tribunal Superior de Justicia, que declara «ilegal» la creación del puesto de Coordinador de Políticas Públicas, también conocido por la oposición como ‘alcalde B’. Anguita ha instado al equipo de Gobierno a anular este nombramiento, dejar de recurrir la decisión judicial y destinar los fondos públicos a necesidades prioritarias de la ciudad.
«No es optativo mantener este Ayuntamiento en la ilegalidad. Este puesto fue creado de forma irregular para delegar funciones que solo competen al alcalde, desvirtuando los principios democráticos y el mandato ciudadano», ha denunciado. «El alcalde ha rehusado prescindir del puesto y ha argumentado que sus responsabilidades pueden ser asumidas por un funcionario, equiparando el cargo de regidor municipal al de cualquier empleado público», apuntó. Según Anguita, esta comparación es una «perversión de la democracia», ya que las competencias delegadas son de «carácter político y ejecutivo, no administrativo». La portavoz de VTLP también ha puesto de manifiesto la «irrelevancia» y la «falta de transparencia» de este puesto, que tiene un coste anual de 150.000 euros, incluyendo un puesto administrativo de apoyo, criticando que se trata de un «despilfarro injustificable».
