El presidente provincial del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y los parlamentarios del Partido Popular de Valladolid en el Congreso de los Diputados y en el Senado han criticado este viernes la «pésima gestión» del Gobierno de España ante el concierto con MUFACE y han advertido de que si la concesión no se renueva podría llegar a colapsarse el sistema sanitario de todo el país. En primer lugar, el presidente provincial ha manifestado que el Partido Popular ha mostrado su compromiso con la defensa, la continuidad y el fortalecimiento de este modelo y ha exigido al Gobierno que solucione el problema en lugar de «seguir saboteando» a un sistema que hasta ahora ha funcionado y que ofrece asistencia sanitaria a más de un millón y medio de personas de nuestro país.
Precisamente, los representantes del PP en ambas Cámaras han mantenido una reunión con representantes de la Central Sindical Independiente y de funcionarios de Valladolid para trasladarles el respaldo de la formación popular ante la situación generada por el Gobierno de Pedro Sánchez. De este modo, Conrado Íscar ha insistido, al igual que la diputada por Valladolid Mercedes Cantalapiedra, en la sensación de «intranquilidad» que la posible no renovación del acuerdo con MUFACE genera en los empleados públicos, al tiempo que han considerado que esta decisión llevaría a la «saturación de la sanidad». «Óscar López y Mónica García no son conscientes del daño que pueden provocar», ha lamentado Íscar, quien ha garantizado que «el PP estará siempre al lado de los que sufren este ataque del Gobierno de España».
En concreto, en el conjunto de la Comunidad existen 110.136 mutualistas, de los que 33.454 han optado por la Seguridad Social y 76.682 por la privada. Por su parte, la diputada Mercedes Cantalapiedra ha explicado que esta decisión no sólo afecta a los mutualistas, sino también a sus familias, al tiempo que ha señalado que además el 30% de ellos ya están jubilados. «La situación actual se complica ya que al no estar claro si habrá o no acuerdo, muchos enfermos graves o crónicos no tienen garantizado su tratamiento a partir del 31 de enero de 2025, a lo que ha sumado la situación de los historiales médicos», aseveró Cantalapiedra. De este modo, ha pedido al Gobierno que «solucione el problema que ha generado» y «lo haga cuanto antes, en lugar de seguir poniendo en duda un sistema que ha funcionado hasta ahora prestando asistencia sanitaria».
Finalmente, la diputada popular ha manifestado que el PP ha solicitado las comparecencias tanto del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública como de la ministra de Sanidad, junto a la formulación de una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno dé las explicaciones que demandan los afectados con relación a este problema.
