La coalición electoral Partido Castellano – Tierra Comunera – Recortes Cero (PCAS-TC-RC) que concurre a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero en las 9 provincias de esta comunidad autónoma, ha presentado una denuncia por Infracción Electoral y posible Delito Electoral ante la Junta Electoral Central de Castilla y León, contra Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, y candidato a la reelección por el Partido Popular, al entender que está utilizando de forma continuada su posición como presidente del gobierno de Castilla y León, «participando en actos institucionales, instrumentalizándolos como un elemento más de su campaña y actuando de manera partidista como candidato electoral, acompañado de otros candidatos del Partido Popular así como de responsables políticos de su partido», manifiestan.
La formación castellanista considera que Mañueco, desde la convocatoria de las Elecciones Autonómicas hasta el día de hoy, ha convertido «su agenda institucional –financiada con dinero público- en su agenda de precampaña electoral, violando de forma impune y flagrante la legislación electoral y pisoteando el principio democrático básico de que todas las candidaturas cuenten con las mismas posibilidades para presentar sus proyectos y programas». Domingo Hernández Araico, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PCAS-TC-RC, considera que Mañueco, de forma «deliberada desafía y desprecia a la Junta Electoral, al ignorar los apercibimientos recibidos por utilizar medios institucionales para lanzar mensajes de contenido electoralista» y vulnerar «el principio de neutralidad» de las instituciones públicas. Para la formación castellanista resulta especialmente «bochornoso» que a pocos días del arranque oficial de la campaña electoral, Mañueco reitere estas prácticas en la Feria de Turismo Interior (Fitur), donde el presidente de Castilla y León, junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado, han convertido el stand turístico de Castilla y León, pagado por los impuestos de toda la ciudadanía de esta comunidad autónoma, en un estrado electoral del partido Popular.
Desde la coalición electoral se recuerda que La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. Asimismo, la LOREG establece que durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.
Por todas estas razones, la coalición electoral se ha dirigido a la Junta Electoral Central de Castilla y León, al objeto de que sancione al candidato Alfonso Pérez Mañueco, así como a la candidatura del Partido Popular en Castilla y León, por «infracción electoral reiterada y por desacato ante el incumplimiento de los apercibimientos previamente recibidos, al tiempo que solicita a los servicios jurídicos de la Junta Electoral de Castilla y León que analicen si estos comportamientos pudieran también ser constitutivos de Delito Electoral». Desde la formación se estima que «Mañueco y el Partido Popular deberían ser merecedores de una sanción económica equivalente al coste a precio de mercado de la organización de los actos institucionales a los que ha asistido desde la convocatoria de las elecciones de Castilla y León, y que ha instrumentalizado de forma partidista en beneficio de su candidatura, así como del coste de la repercusión mediática, como propaganda electoral, de esas mismas actividades».
Finalmente, el partido castellano reclama campañas preelectorales y electorales que garanticen la igualdad de condiciones para todas las formaciones concurrentes, como un derecho de la ciudadanía a conocer las diferentes opciones que pueden libremente elegir.
