El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo reunido en pleno de este martes, al que se negaron a asistir los dos concejales de oposición del Partido Popular, ha recibido a dos de las presuntas estafadas por la concejala del PP que ha afectado a más de 30 personas según señalan desde el Consistorio. Tras una denuncia en una red social han sido muchas las personas que se han sumado a estas denuncias de presunta estafa económica por parte de la concejala de la oposición del Ayuntamiento de Bobadilla, actos de los que el consistorio se desmarca absolutamente.
Algunos de los afectados han explicado que la edil les había ofrecido puestos de trabajo, excursiones o campamentos. «Esas personas han sido presuntamente estafadas económicamente y mostramos la solidaridad del Ayuntamiento y condenar estas prácticas que no representan a la institución municipal, el equipo de gobierno solicita la dimisión de la concejala del Partido Popular para que entregue su acta en el plazo más breve posible», señala el alcalde de Bobadilla del Campo, Francisco Pastor. También asegura que «esta persona no esta a la altura de representar a los vecinos de Bobadilla del Campo porque va en contra de los valores democráticos. En nuestro municipio vivimos personas honestas y trabajadoras que no merecen una concejala que presuntamente utilice su cargo en su propio beneficio».
Por su parte, el Partido Popular de Valladolid ha acordado abrir expediente informativo a Inés María Fernández Salinero, concejal de Bobadilla del Campo, y a Carlos Real, alcalde de Torrecilla de la Torre, ante estas denuncias. El partido provincial va a comunicar la apertura de dicho expediente a los interesados y ha trasladado la información correspondiente al Comité de Derechos y Garantías autonómico, el cual ha abierto expediente de información reservada para estudiar los casos.
Entre las medidas disciplinarias que se han requerido al citado Comité de Derechos y Garantías, en base al artículo 21.7º.a de los estatutos nacionales del Partido Popular, están la solicitud de cese como concejal y alcalde, respectivamente, la entrega de acta y la comunicación del acuerdo de cese al Comité de Derechos y Garantías nacional.
En caso de que los interesados no aceptasen voluntariamente, el partido procederá a retirarles la confianza y a prohibirles el uso de las siglas del Partido Popular. Estos expedientes se suman al que el PP de Valladolid abrió en el mes de marzo a Ricardo Collantes, alcalde de Ceinos de Campos, y que también se encuentra en proceso de estudio en el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León.
