La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tiene mucho que aportar y voluntad de colaborar en Castilla y León. Por eso presentó antes de las elecciones autonómicas un paquete de 16 medidas para mejorar las condiciones sociales y laborales de los empleados públicos en la que demandaba su incorporación a la Mesa del Diálogo Social en la que ahora solamente están representados los sindicatos tradicionales junto con la patronal CEOE.
El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, ha insistido hoy en rueda de prensa en la necesaria y conveniente presencia de este sindicato en los acuerdos sociales. «Lo demostramos día a día en las mesas y foros en los que participamos», ha dicho. «La Junta no puede marginar a una organización como CSIF, cometería un error tremendo, además de alterar y de cercenar la representación plural de la sociedad. Es imperativo que el foro del Diálogo Social se adapte a la realidad socioeconómica de la Comunidad», ha resaltado Castro. «Es importante plasmar lo anterior en un Pacto para la protección de los Servicios Públicos, que dará respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Se debe convertir en un contrato que necesita la sociedad y que tiene la obligación de firmar el presidente Alfonso Fernández Mañueco, quien recordemos, está en deuda con los votantes de Castilla y León», ha matizado el líder de la central independiente.
El documento, calificado por Castro como «esencial», se vertebra en torno a tres ejes: el empleo estable, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y, junto a lo anterior, la mejora de las condiciones de trabajo y modernización de los servicios públicos. El pacto que CSIF ofrece al Gobierno autonómico aborda medidas para afrontar la mejora de las condiciones de trabajo, para conseguir la dignificación de la labor docente, o el fortalecimiento real de la sanidad pública, entre otras.
De igual manera, el documento aborda los procesos de estabilización para acabar con la temporalidad, que exige un gran acuerdo de garantías sobre las ofertas de empleo público, así como la modernización del marco normativo, actualización de la Ley de Función Pública de Castilla y León, Ley de Cuerpos y Escalas, convenio colectivo del personal laboral. También incluye CSIF otros compromisos y acuerdos de la Junta, «que no olvidamos y hay que aplicar o desarrollar», ha advertido Castro. Entre ellos, la aplicación de la jornada de 35 horas semanales y el desarrollo de la carrera profesional.
Por otra parte, Benjamín Castro ha reprochado a Alfonso Fernández Mañueco que, en su discurso de investidura de ayer lunes, ante las Cortes de Castilla y León, «haya dado la espalda a los 85.0000 empleados públicos de la Junta, y a otros miles de las administraciones locales», ha manifestado. «No ha sido capaz de reconocer públicamente su trabajo y esfuerzo, especialmente por su papel en los dos años de la pandemia de la Covid-, y no ha concretado ninguna medida ni actuación para mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos, o para el fortalecimiento y la estabilización de las plantillas», ha enumerado Castro. «Y si no hay avances positivos en estos aspectos, la Junta tampoco podrá mejorar los servicios públicos, uno de los objetivos del nuevo Gobierno autonómico, según ha indicado el propio Mañueco en el debate de investidura», ha afirmado Castro.
El líder sindicalista ha criticado que durante su discurso Mañueco no hiciera ninguna alusión al regreso a la jornada de las 35 horas semanales, o a los acuerdos pendientes con los empleados públicos -algunos ya comprometidos- en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales o en la administración general de la Junta. Es «inquietante, frustrante y preocupante que quien ha de liderar la gestión de las políticas públicas no parece disponer, al menos no se ha referido a ello, de un plan claro de modernización y mejora de los servicios públicos en Castilla y León, con una reforma de la Ley de Función Pública pendiente», ha explicado Benjamín Castro.
