La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León ha denunciado el modelo «flexible» del operativo anti-incendios «fallido y fracasado» del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como la gestión «negligente y temeraria» que se ha hecho del operativo, que ha traído «consecuencias devastadoras en la oleada de fuegos que ha asolado a Castilla y León en los últimos quince días. Nunca se había visto algo así». El presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, Agustín Argulo, y la agente medioambiental y delegada de Medio Ambiente, Sara Mateos, han realizado este lunes 25 de agosto una rueda de prensa para exigir la dimisión del consejero de Medio Ambiente y del director general de Patrimonio Natural, solicitada ya en un escrito.
«Comparecemos rotos e indignados. La Junta de Castilla y León nos abandonó hace tiempo, lo advertimos y hoy la catástrofe lo confirma. ¿Qué más tiene que pasar para que dimitan o se les cese?», han afirmado Argulo y Mateos, quienes han asegurado que los datos son «demoledores». «Más 150.000 hectáreas arrasadas en la Comunidad en solo 15 días, según el programa Copernicus. Pueblos quemados, evacuación de miles de personas en docenas de localidades, tres personas fallecidas y diversos heridos. También han sido gravemente dañadas reservas de la biosfera, parques nacionales, espacios naturales protegidos y zonas Patrimonio de la Humanidad, además de importantes pérdidas y perjuicios derivados de las actividades ganaderas, turísticas y de aprovechamiento forestal», indicaron. Según han señalado desde CSIF, el coste estimado de extinción de estos incendios se sitúa en torno a los 2.000 millones de euros, al tiempo que han indicado que «lo invertido por la Junta en prevención apenas llega a los 75 millones». Además, desde el sindicato han manifestado que desde la llegada del actual consejero al cargo hace diez años, se ha producido un «progresivo desmantelamiento» del operativo público de prevención y extinción de incendios forestales.
«Más de la mitad del operativo se ha privatizado, repartido en brigadas de más de 35 empresas y con trabajadores en condiciones precarias, gracias a un acuerdo del Diálogo Social. No hay recursos materiales y personales suficientes, se han suprimido puestos de vigilancia que se sustituyen por cámaras que no funcionan o lo hacen mal, o se han recortado más de 1.300 guardias a los agentes medioambientales«, ha subrayado Argulo. Por su parte, Mateos ha hecho especial hincapié en los «días críticos» de agosto, señalando que «el operativo colapsó ya el día 9, por no estar dimensionado suficientemente, y que muchas localidades se quedaron sin atención mientras los ciudadanos combatían las llamas con cubos de agua y mangueras de jardín». «El actual modelo flexible de operativo de incendios es un fracaso», apuntó. Asimismo, recordó que Castilla y León necesita un cambio de rumbo «urgente», basado en un operativo público 100%, activo todo el año, con medios suficientes, inversiones en prevención y el reconocimiento de la figura del bombero forestal con plantillas estables que trabajen todo el año. Además, CSIF exigió la aprobación de la ley de agentes medioambientales actualmente en tramitación o planes específicos de protección para las poblaciones y la fauna.