La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar, por enésima vez, la falta de personal de la Inspección de Consumo, y solicita una reunión al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones Díez. La defensa de la salud, la seguridad y la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios castellanos y leoneses necesitan de una atención urgente. «Se encuentran en un delicado estado, arrastran serios problemas y una grave carencia de profesionales, para atender las competencias que tienen», alerta CSIF.
La Junta solo ha puesto «pequeños parches», que no han solucionado los problemas a los que se enfrentan los profesionales de consumo, que demandan una revisión integral del servicio que prestan, en exclusiva, lamenta CSIF. Desde que se aprobó la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local en el año 2013, las entidades locales perdieron toda competencia en materia de consumo. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León ejerce en exclusiva, salvo las prerrogativas existentes a nivel nacional, la competencia en materia de defensa del consumidor. Esto significa que la capacidad sancionadora solo puede ser ejercida por los servicios autonómicos de consumo. La primera consecuencia de ese cambio de normativa ha sido el incesante goteo de cierres de Oficinas de Información al Consumidor (OMIC), dependientes de los ayuntamientos, relata CSIF.
Las competencias de consumo fueron transferidas a la Comunidad en 1984, y ya en el año 2003 CSIF advertía que las condiciones laborales del colectivo de trabajadores de los servicios de consumo empeoraban. Una circunstancia que se sigue agravando, advierte CSIF: «No debemos olvidar la compleja legislación de esta inspección, por su carácter multidisciplinar, el aumento de sus competencias y la creciente carga de trabajo». Sin embargo, la Junta ha convertido a la Inspección de Consumo en un ‘cajón de sastre’, que se llena de tareas que no son de su competencia, con escasez de medios materiales y personales para atenderlas, y con una falta total de reconocimiento profesional, insiste.
La Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, que procura un adecuado nivel de protección a los consumidores y usuarios, «que somos todos, durante todos los días del año», adolece de errores y deficiencias que no se han subsanado. Por poner dos ejemplos, «la sanción por obstruir o impedir la labor de la Inspección de Consumo es una infracción leve. Muchas veces resulta preferible pagar, y evitar así que la inspección constate otras infracciones».
Asimismo, el uso de prácticas comerciales desleales y engañosas, antes, durante y después de una transacción es una infracción, siempre que el perjuicio económico sea grave para el consumidor o usuario afectado. Si no, queda sin sanción, recalca CSIF. «Esto, para que nos entendamos, es cuando se engaña a las personas mayores en la venta puerta a puerta», aclara la organización sindical. «El número de tomas de muestras de productos, para asegurar que se cumple la normativa de calidad y seguridad, y que el consumidor con menor poder adquisitivo esté protegido -producto que no cumple se retira del mercado-, se ha reducido alarmantemente. Si en los años 2012 al 2017 se realizaron una media de mil muestras al año, en 2022 la previsión es de solo 156», apunta CSIF. «Sorprendentemente», asegura, «la de Consumo es la única inspección de la Junta de Castilla y León, en la que el jefe de los inspectores puede no ser un experto en la materia, es decir, saben más los inspectores que quien los dirige».
Para valorar la crítica situación que vive la Inspección de Consumo en las provincias de la Comunidad, sirva de ejemplo lo que ocurre en una de las secciones de consumo, la territorial de Valladolid. Esta provincia cuenta ahora mismo con solo seis inspectores, ya que otros se han enviado a trabajar a los servicios centrales de la Dirección General de Comercio y Consumo, porque también sufre falta de personal. «Seis inspectores, para una población de unos 520.000 habitantes, son claramente insuficientes. La OMIC del Ayuntamiento de Valladolid, que hacía una labor encomiable, cerró. Y el técnico de procedimiento ha estado de baja por enfermedad diez meses, en los que han caducado diversas actuaciones de los inspectores. Esta es la realidad de la inspección de consumo en Valladolid», indica CSIF.
«Esta sección necesita, por el volumen de trabajo, dos técnicos de procedimiento, como tienen otras provincias. Pero es que antes de esto, durante meses, Valladolid ha estado sin personal administrativo. Ahora cuenta con una persona, cuando harían falta tres trabajadores, como ocurre en otras provincias», concluye.
