Los funcionarios en pie de guerra por un acuerdo estatal con Muface. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convocará una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface antes del 27 de enero, fecha en la que concluye el plazo para la presentación de ofertas al concierto mutualista. La convocatoria de huelga afectaría por tanto a todos los ámbitos con personal afectado por la crisis en Muface, como son centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado como Ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros, así como Correos.
En los próximos días, delegados sindicales de CSIF pondrán en marcha una campaña informativa y de concienciación en los centros de trabajo. Para CSIF, ya ha pasado el tiempo de realizar manifestaciones, como la realizada por la organización el pasado 14 de diciembre, en la que más de 50.000 funcionarios provenientes de toda España se concentraron frente a la sede de Muface en defensa del modelo de concierto sanitario del mutualismo administrativo, y ahora toca llevar a cabo acciones más contundentes como esta jornada de huelga, por la gravedad de la situación. «Desde CSIF emplazamos al Gobierno a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir. La situación solo se resolverá si la oferta del Gobierno satisface a las entidades aseguradoras para concurrir al concierto. Llegados a este punto, nuestro sindicato pide la implicación del presidente del Gobierno para dar prioridad política a este asunto«, ha señalado el presidente de CSIF, Miguel Borra.
CSIF ha intensificado estos días la interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos «para promover un acuerdo, reclamando a unos y a otros, responsabilidad ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria a 1,5 de funcionarios y sus familias», ha indicado Borra. «Por el contrario, afeamos la actitud de otras organizaciones sindicales por el doble juego que están realizando, por un lado, reclamando una solución para Muface y al mismo tiempo realizando campaña para que los mutualistas abandonen el concierto sanitario», ha remarcado el presidente nacional. De manera paralela, CSIF está atendiendo a diario centenares de quejas de mutualistas porque «no están recibiendo una adecuada atención por las aseguradoras que bien ponen trabas administrativas o directamente deniegan citas, pruebas diagnósticas e incluso intervenciones quirúrgicas». CSIF asesora a los mutualistas para que interpongan una queja por escrito tanto a la mutualidad como a las aseguradoras, y «posteriormente acompañará a nuestros afiliados en las acciones legales que se deriven sobre las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales».
«Nuestra organización también ha tramitado una queja ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión Europea«, ha anunciado Miguel Borra. Por su parte, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha recordado que «nuestra Comunidad sería la más afectada, solo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, si todos los mutualistas pasan a la Seguridad Social. En el caso del servicio de salud de Castilla y León, Sacyl requeriría la incorporación de más de 200 médicos de todas las especialidades y unas 2.500 enfermeras más, para respetar la paridad médico-enfermera en Primaria y acercar las ratios europeas de enfermera y paciente en la atención hospitalaria». Además, según ha detallado Castro, «se necesitarían más profesionales en todas las categorías, como técnicos de rayos, laboratorio, celadores o TCAE; y habría que reforzar las infraestructuras para las consultas y atención como centros, quirófanos o máquinas de diagnóstico».