La Audiencia Provincial de Valladolid ha dado a conocer este miércoles 8 de enero el fallo de la sentencia del caso Perla Negra y con el que condena a dos exviceconsejeros de la Consejería de Economía de la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández, el consejero de la empresa pública Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, y seis empresarios vinculados a la trama. También han sido absueltos dos ex altos cargos de la Junta de Castilla y León. El Caso Perla Negra se activa a raíz de las irregularidades en el proceso de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y en la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a realizarse.
Después de veinte sesiones de juicio y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dictado en su sentencia, a la que ha tenido acceso Valladolid Plural, que condena al que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, por un delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de malversación de caudales públicos, con penas de tres años y seis meses de inhabilitación especial por el primero y por el segundo dos años y seis meses de prisión, mientras que le absuelve del resto de delitos que se le imputaban. Asimismo, también a Begoña Hernández, otra exviceconsejera de Economía, se le condena por un delito continuado de prevaricación administrativa, con dos años y dos meses de inhabilitación, y ha sido absuelta de otros delitos como revelación de secretos, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. Con respecto a la condena del exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, se refiere al mismo delito de prevaricación administrativa, con dos años, un mes y quince días de inhabilitación.
En el caso de los empresarios condenados, el administrador de Urban Proyecta Germán José M.G. y el gerente de Urban, Ángel R.M. han sido condenados a once meses de cárcel por un delito de violación de secretos, mientras que Luis Antonio R.G., de Cementos La Bureba; Francisco E.G., de Grupo San Cayetano y de Parque Empresarial de Portillo (PEP); Luis Ángel R.H., presidente de Parque Empresarial de Portillo, y Carlos G.M., administrador de Parque Empresarial de Portillo, han sido condenados a siete meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros como autores de un delito de tráfico de influencias. Ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, la Junta de Castilla y León defiende que se ha dictado sentencia condenatoria en el caso del Edificio de Soluciones Empresariales y de la adquisición de los terrenos destinados al Parque Empresarial de Portillo, «parcialmente de conformidad» con lo solicitado respecto a los delitos y las penas en el escrito de acusación formulado por la Junta. Respecto al total de las penas impuestas de prisión y de inhabilitación, son las que más se aproximan a la acusación formulada por la Junta de Castilla y León, siendo las solicitadas por las otras acusaciones más elevadas.
«La Junta de Castilla y León ve parcialmente satisfecha la responsabilidad civil de los acusados que exigía en su escrito de acusación», han indicado en un comunicado. La Audiencia Provincial de Valladolid considera la intervención de la Junta en su papel de acusación particular como «especialmente relevante» para el desarrollo y el enjuiciamiento de la causa, y por eso condena a los acusados al pago de sus costas judiciales, no apreciando lo mismo en el caso de la acusación popular. Respecto a la posibilidad de interposición de recurso contra esta resolución judicial, ya que la sentencia es definitiva pero no firme, la Administración autonómica estudiará «detenidamente los fundamentos de la sentencia«, y decidirá posteriormente, dentro del plazo existente para ello, si presenta dicho recurso, sin perjuicio de la presunción de inocencia y del legítimo ejercicio de derecho de defensa de los condenados, que también podrán recurrir.
Por otro lado, la secretaria de Organización en funciones del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha pedido este miércoles explicaciones al presidente Alfonso Fernández Mañueco tras conocerse la sentencia por el macro juicio de la Perla Negra, que ha condenado a dirigentes del PP que ocuparon altos cargos en la Junta de Castilla y León. En este sentido, Sánchez ha señalado que «alguien tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía ante el dinero desvalijado a los castellanos y leoneses y que no se ha invertido en educación, servicios sociales, oncología o medidas para luchar contra la despoblación». Asimismo, la socialista ha afirmado que este caso ha demostrado que ha habido «amiguetes del PP beneficiados por la malversación de caudales públicos y corrupción administrativa» instalada en la «estructura institucional» de un Gobierno autonómico en el que «Mañueco ya estaba allí» como consejero de Presidencia y de Interior y Justicia.
«Quién asume responsabilidades políticas de los que les nombraron. Quién dará explicaciones por formar parte de un partido carcomido por la corrupción y que ha llevado esa corrupción a la estructura institucional de la Junta de Castilla y León», ha señalado Ana Sánchez. Se trata, dijo la dirigente socialista de «uno más de tantos casos de corrupción que rodean al Partido Popular de Castilla y León», tras comprobar, en sentencia firme, «la implicación directa de dirigentes del PP que ocuparon altos cargos en la Junta cuando Mañueco formaba parte del Gobierno autonómico».
