El Gobierno de España ha anunciado hoy la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público a partir del próximo 7 de febrero. Una medida que se ha anunciado tras el Consejo de Ministros, aunque la utilización de mascarillas contra el COVID-19 se mantendrá en los centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha justificado que esta decisión se ha tomado debido a que España tiene una situación epidemiológica «muy estable» en todos los indicadores.
La Junta de Castilla y León ya se ha pronunciado sobre esta decisión, la cual respaldan, pero piden que este tipo de decisiones se adopten en coordinación con las Comunidades Autónomas. El consejero portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que siempre han sido «partidarios» de la retirada de mascarillas en el transporte público tras la eliminación en todas las actividades a excepción de las sanitarias hace ya casi un año.
Sin embargo, Carriedo ha insistido, durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, en la necesidad de lograr el «máximo consenso posible» en torno a este ámbito, y ha defendido que este tipo de decisiones se deben adoptar en el Consejo Interterritorial cuando «se habla de cogobernanza». Fernández Carriedo ha recordado que las CCAA han sido las encargadas de gestionar las vacunas y han sufrido las dificultades de la gestión asistencial durante la crisis sanitaria por lo que ha criticado que ahora el Ejecutivo central «no comparta la mano tendida».
