El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este martes 15 de octubre el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, que alcanzan los 15.084 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,58% respecto al de 2024. Se trata de «las cuentas más altas de la historia de Castilla y León», que se basan en un escenario macroeconómico que ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que valora que la Comunidad cumple satisfactoriamente con los requisitos de los marcos presupuestarios de los estados miembros de la UE. Los presupuestos de 2025 tienen una «orientación claramente social» al destinar 9.897 millones, el 81,46%, al gasto no financiero gestionado por las consejerías en las áreas funcionales de Protección y Promoción Social, Sanidad, Educación y Cultura. Esto supone que más de 8 de cada 10 euros del gasto de las consejerías se destinan a políticas sociales.
Asimismo, tal y como ha señalado Mañueco, «son unos presupuestos centrados en la inversión productiva e innovadora, y que a su vez están dirigidos a las personas que se sitúan en el centro de los servicios públicos ofrecidos por la Junta y que garantizan un futuro a un medio rural cohesionado y sostenible». El presupuesto para 2025 afronta los desafíos del futuro con varios objetivos, como son impulsar el emprendimiento, la innovación y la digitalización como motores del crecimiento económico, generando oportunidades de empleo, atrayendo y reteniendo talento; trabajar por Castilla y León para que sea una comunidad atractiva para jóvenes, familias y mayores, en la que disfrutar de un alto nivel de calidad de vida; impulsar el crecimiento económico de los sectores estratégicos como Patrimonio Cultural, Medio Natural, Turismo, Sector Agroalimentario y Energía como muestra del compromiso con el mundo rural. Por otra parte, las cuentas para 2025 se centrarán en seguir impulsando un crecimiento sostenido y sostenible, innovador y transformador de la economía, que garantice un tejido productivo moderno y competitivo, en una economía global y conectada basada en nuevas tecnologías, la transición energética y fomentando al máximo la iniciativa a través del emprendimiento.
Asimismo, las cuentas autonómicas, «consolidarán la calidad, la igualdad y la solidaridad en todo el territorio de los servicios públicos, dotando a la sanidad pública de los medios necesarios que garanticen un sistema sanitario accesible; consiguiendo una educación que siga siendo de excelencia, equitativa, moderna y orientada al empleo y la generación, retención, captación y fidelización del talento; y apostando por unos servicios sociales de referencia accesibles para todas las personas», remarcó Mañueco. En esta línea, aumentan las inversiones reales con el objetivo de la equidad y la calidad de los servicios públicos, proteger y atender a las personas, impulsar la economía para generar nuevas oportunidades de futuro, y el desarrollo rural y la sostenibilidad demográfica como bases de la cohesión social y territorial. Este Presupuesto para 2025 incluye medidas que son «posibles gracias a una fiscalidad moderada, con bajos impuestos, una fiscalidad inteligente que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico, y por último, una fiscalidad comprometida para garantizar los mejores servicios públicos», ha expuesto Fernández Mañueco.
En concreto, esta fiscalidad selectiva alcanzará los 709 millones de euros en beneficios fiscales para ayudar a familias, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural, que beneficiará a 558.000 contribuyentes. Un total de 1.372.000 castellanos y leoneses se beneficiarán de la mejora de tipos y tramos de la tarifa autonómica del IRPF, respecto de la tarifa estatal, incluyendo la rebaja del tipo mínimo del 9 % al 8,5 %, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad con el segundo tipo autonómico más bajo en el impuesto de la renta. Además, el Ejecutivo autonómico sigue apostando por bajar impuestos para el acceso a la vivienda de los jóvenes con un tipo superreducido del 3% en el medio urbano y del 0,01% en el medio rural; incrementar del 15% al 20% -una mejora del 33%-, el porcentaje de deducción en el IRPF que se aplica a las rehabilitaciones de viviendas en el mundo rural para alquiler, con el objetivo de dinamizar el medio rural; y ampliar el número de beneficiarios con la reducción del 99% de la base imponible del impuesto sobre sucesiones por la adquisición de explotaciones agrarias, hasta los colaterales por consanguinidad de cuarto grado y trabajadores de la propia explotación, con el objetivo de fomentar la continuidad de la actividad en estas explotaciones.
Las consejerías sociales disponen de 9.295 millones del gasto. Así, se destinan 4.337 millones, el 86,96 % a los gastos de personal del área social, con el objetivo de contar con más y mejores profesionales y especialistas, como es el caso de docentes, sanitarios y personal de los servicios sociales. Por tanto, 8 de cada 10 euros de los gastos de funcionamiento corresponden a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. Asimismo, 2.471 millones, el 92,79 % de las transferencias corrientes -sin PAC-, son gestionadas por esta área. Este esfuerzo presupuestario de la Junta de Castilla y León permite mantener un gasto social que representa el 13% del PIB de la Comunidad distribuido en un gasto de 5.005 millones para Sanidad, 2.842 en Educación y 1.448 para Familia e Igualdad de Oportunidades. Estas cuentas destinan 4.465 millones de euros al mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y concertados, residencias de mayores, gastos de farmacia, universidades y dependencia. Además, 4.337 millones van dirigidos a retribuir al personal del área social para contar con más y mejores profesionales y especialistas, como docentes, sanitarios o trabajadores sociales, al servicio de las personas.
Estas cuentas constituyen una «apuesta clara» por las familias, los jóvenes y los mayores, ya que el Ejecutivo autonómico destina 2.918 millones a servicios y prestaciones para las familias, de los cuales 2.225 millones se dedican a ayudas para viviendas, transporte, internet, formación y empleo, prestaciones sociales y otros servicios; y 693 millones a beneficios fiscales para familias numerosas, natalidad, vivienda y fomento del empleo. Para facilitar la conciliación personal, laboral y familiar, se destinan 20 millones de euros al ‘Bono Nacimiento’, que beneficiará a más de 8.500 familias; 57 millones para la educación gratuita de 0 a 3 años, que beneficiará a 22.000 escolares; 26 millones para comedores escolares, con más de 31.000 beneficiados; 5 millones para los programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’, con más de 13.700 usuarios; 11 millones al ‘Bono Concilia’, para ayudar a más de 13.500 familias; 9 millones al programa ‘Crecemos’, para 4.400 niños; y se han dispuesto 25 millones para promoción y servicios a la juventud. Mañueco ha manifestado que el Ejecutivo autonómico desarrolla una política de vivienda «seria, coherente y modélica», que dedica una especial atención a las personas más vulnerables y al medio rural. Uno de los objetivos es posibilitar la emancipación de los jóvenes y que puedan desarrollar su proyecto de vida en la Comunidad.
En el Presupuesto para 2025, la Junta dedica 206 millones a facilitar el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler o compra. De esta manera, con los 38 millones en beneficios ficales de apoyo en esta materia, la cifra total para vivienda en estas cuentas alcanza los 244 millones, un 44 % más. Además, sólo las destinadas a alquiler aumentan más de un 70 %, hasta los 122 millones. Por otro lado, cabe destacar que 19 millones del presupuesto se destinan a apoyar a la mujer y a seguir avanzando en la promoción de igualdad y en la prevención de la violencia machista. Además, se refuerzan las políticas para los mayores con una inversión de 322 millones para sufragar programas específicamente dirigidos a ellos, como residencias, teleasistencia, ayuda a domicilio, Club de los 60 o políticas de envejecimiento activo, entre otras. El estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2025 revela que, de los 15.084 millones de euros, corresponden a Operaciones Corrientes 12.293,3 millones y a Operaciones de Capital 1.133,3 millones de euros. La suma de ambos conceptos supone el total de Operaciones No Financieras con 13.426,6 millones que se incrementan un 3,84% respecto al ejercicio anterior.
En cuanto a los ingresos por deuda, esta se incrementa un 2,48 % en 2024, hasta los 1.609 millones de euros, manteniendo el nivel de endeudamiento por debajo del 19% del PIB de la Comunidad. Con respecto a los gastos, de los 15.084 millones de euros del proyecto de presupuesto es la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta, de los que 13.490,5 corresponden a gasto no financiero -techo de gasto-, y 1.593 millones de euros a operaciones financieras. Dentro del gasto no financiero están incluidos los fondos de la PAC, 924,4 millones de euros; los destinados a abonar los intereses de la deuda, 377,7 millones, y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes, con 38,5 millones de euros. Asimismo, dentro del gasto no financiero, la cantidad que gestionarán las consejerías en 2025 para ejecutar sus políticas asciende a 12.149,8 millones de euros. Las inversiones reales alcanzan los 1.621 millones, con un aumento del 16%, de las cuales 1.163 millones son inversiones que realiza la administración y 458 millones son inversiones reales del sector público empresarial, con un aumento del 49,9%.
Por otra parte, los gastos de personal suponen el 33% de los gastos totales, es decir 4.987 millones de euros, de los cuales casi el 87% se destina a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, con 4.337 millones de euros. Asimismo, los gastos destinados a bienes y servicios, que ascienden a 2.115 millones de euros, suponen el 14% del total. En este caso el 94,28% de los gastos corrientes se destinan a las consejerías sociales de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades con 1.994 millones para el mantenimiento de hospitales centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad.