«No hay incumplimiento ni causa que dé lugar a la resolución del convenio ferroviario de 2017″, así de contundente se ha mostrado hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para dictar la respuesta del Ayuntamiento al requerimiento formulado por ADIF Alta Velocidad para el cumplimiento de determinadas obligaciones y compromisos asumidos por el Consistorio vallisoletano en el convenio de 2017, para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid. En el texto remitido en la mañana de este viernes 8 de noviembre a la Presidencia de ADIF Alta Velocidad, el Ayuntamiento de Valladolid argumenta de «forma clara y precisa que no se ha producido el incumplimiento de los compromisos del desembolso de la cantidad económica de 11.075.000 euros, ni de las actuaciones de conexión rodada y peatonal del nuevo sector urbanizado de Ariza«.
Asimismo, el regidor ha defendido que tampoco ha existido incumplimiento ni en el paso peatonal y rodado de San Isidro, así como en lo referente a la obligación de aportar la titularidad de los suelos del nuevo complejo ferroviario, ni en el proyecto de urbanización de la calle Salud. Cabe destacar que el 10 de noviembre se cumple el plazo de un mes que dio el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el requerimiento que presentó al Ayuntamiento de Valladolid para que se llevaran a cabo los compromisos adquiridos en el convenio integración ferroviaria firmado en 2017 o se procedería a la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Ahora, casi en el vencimiento del plazo de un mes, Jesús Julio Carnero ha contestado que «no hay incumplimientos». Sobre el desembolso de los ‘famosos’ 11 millones, el regidor en su escrito pone de manifiesto la obligación y compromiso asumido por el Ayuntamiento como socio de la entidad mercantil Valladolid Alta Velocidad para el año 2024 solamente puede hacerse efectivo en la fecha prevista, es decir antes del día 31 de marzo de 2024, si se ha firmado el correspondiente contrato de préstamo participativo entre el Ayuntamiento y la Sociedad.
«La firma de ese contrato está prevista en el Convenio de 2017 sin que haya sido suprimida por la Adenda modificativa formalizada en diciembre de 2022 como lo pone en evidencia que la aportación prevista para el año 2023 se hizo previa la firma del contrato para ese ejercicio y que el Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión celebrada el 16 de febrero de 2024, que acordó la suscripción con cada uno de los socios de los préstamos participativos correspondientes a las aportaciones de cada uno de ellos durante el ejercicio 2024 facultando al director general de la Sociedad para suscribir dichos contratos de préstamo en nombre de la Sociedad«, ha señalado. Carnero también indicó que «la Sociedad, que es la destinataria de la aportación económica convenida, no se ha dirigido en ningún momento al Ayuntamiento para formalizar el contrato de préstamo participativo sin que pueda considerarse que el Ayuntamiento ha incumplido el Convenio por no haber sido él el que se dirija a la Sociedad con esa finalidad dado que el Ayuntamiento, al formular la solicitud a la que seguidamente se va a hacer referencia, había instado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y como medida provisional, la suspensión del cumplimiento de la obligación de aportar antes del 31 de marzo de 2024 la cantidad fijada para ese año».
En este sentido, el alcalde agrega que «la falta de respuesta a esa solicitud impide atribuir al Ayuntamiento de Valladolid un incumplimiento de la obligación de solicitar a la Sociedad la formalización del contrato de préstamo participativo». En segundo lugar, Carnero señala que el Ayuntamiento de Valladolid, en estos momentos, «ha quedado eximido de cumplir la obligación de aportar a la Sociedad los 11 millones correspondiente al año 2024 en cuanto que esa cantidad se aportará, de forma prorrateada, anualmente en el periodo comprendido entre el año 2025 y el año 2033, ambos inclusive». Precisamente, la exención dicha se fundamenta en que el día 29 de enero, el Ayuntamiento registró un escrito dirigido a la Presidenta de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio solicitando que se decida aplazar el pago de la aportación; mientras que ese aplazamiento supondría el prorrateo de los 11.075.000 euros en los años que restan hasta la finalización del Convenio, 2033; y que como medida provisional, se suspenda el cumplimiento de la obligación de ingresar esa cantidad antes del 31 de marzo de 2024; al tiempo que pedía que «se instruya el correspondiente procedimiento para adoptar la decisión que corresponda convocando, con tal finalidad, la Comisión Mixta de Seguimiento».
Tal y como ha defendido el alcalde de Valladolid, «la solicitud presentada por el Ayuntamiento cumple los requisitos indicados por lo que debe ser resuelta, sin ninguna duda, por la Comisión Mixta de Seguimiento». Sin embargo, Carnero reitera que al día de la fecha ha transcurrido sobradamente el plazo de tres meses previsto en el artículo 21,3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, «sin que la Comisión haya resuelto lo solicitado, ni por lo tanto, haya podido notificar esa resolución por lo que no habiéndose ampliado ni suspendido el plazo dicho, se ha producido una estimación por silencio de lo solicitado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 24,1 de la Ley dicha». Con respecto, a las obligaciones en las actuaciones de conexión rodada y peatonal del nuevo sector urbanizado de Ariza, Carnero remarca que tampoco se han producido los incumplimientos que se atribuyen al Ayuntamiento. «Ni en el Convenio del año 2021 ni tampoco en el Convenio de 2017 se recoge que el Ayuntamiento tenga que aprobar los proyectos máxime si la Sociedad, que es la encargada de licitar la contratación de esos proyectos, no se ha dirigido en ningún momento al Ayuntamiento para que adopte un acuerdo en tal sentido«, ha expresado.
También ha detallado que el proyecto del paso rodado Hípica-Adolfo Suárez «se ha contratado por la Sociedad y entregado al Ayuntamiento por el contratista para su supervisión habiéndose remitido a la Sociedad el informe favorable de supervisión el 18 de septiembre de 2023. Ese proyecto no puede ejecutarse hasta tanto no se levante y desmonte la línea Valladolid-Ariza pudiendo ser esa la razón por lo que la Sociedad no ha procedido a su licitación ni tampoco a solicitar del Ayuntamiento su aprobación». Con respecto a los proyectos referidos a los pasos peatonales y ciclistas entre las calles Irún-Guadalajara y entre la Plaza Crepúsculo-Camino Esperanza han tenido «varias versiones» habiéndose informado cada una de ellas, por los distintos departamentos de ADIF. A la vista de las observaciones hechas por esos departamentos, se ha elaborado un último documento técnico de cada proyecto el pasado 30 de septiembre estando revisando dichos documentos, los técnicos municipales para la emisión de los informes de supervisión definitivos. «Si la supervisión es favorable, los informes se remitirán a la Sociedad para que realice las actuaciones que tiene encomendadas», aclaró.
En cuanto al proyecto de fibra óptica Hípica-Adolfo Suárez «se ha entregado recientemente, concretamente en septiembre al Ayuntamiento estando pendiente de ser informado por los servicios técnicos municipales de manera que el informe que se emita se pondrá a disposición de la Sociedad inmediatamente que el mismo lo sea en sentido favorable«, ha explicado el alcalde. Sobre la actuación en San Isidro, el Consistorio vallisoletano reitera que «no hay incumplimientos», dado que «la empresa encargada de redactar el proyecto, INCOSA, tras varios requerimientos efectuados por los servicios técnicos municipales, ha entregado el proyecto el pasado 10 de octubre encontrándose el mismo en la fase de supervisión. Una vez que el informe de supervisión sea favorable, se procederá a su remisión a la Sociedad para que pueda llevar las actuaciones que están a su cargo». Asimismo, en el requerimiento de Puente también se hacía alusión a la titularidad de los suelos del nuevo complejo ferroviario, a lo que el Ayuntamiento contesta que «no ha incumplido la obligación prevista sobre la aportación de la titularidad de los suelos sobre los que se ubican las instalaciones ya construidas y pendientes de construir en el Nuevo Complejo Ferroviario de la Variante Este, por lo que no existe fundamento para entender extinguido el Convenio por esa causa«.
Jesús Julio Carnero ha explicado que han sido Adif y Renfe las entidades que han pedido al Ayuntamiento «la división de la parcela originaria en dos diferentes». Los trámites municipales para llevar a cabo esa división se han cumplido estando «pendiente», en estos momentos, su inscripción en el Registro de la Propiedad. De manera inmediata se procederá a tramitar el procedimiento de cesión de las parcelas resultantes teniendo en cuenta, en todo caso, que el Convenio de 2017 «genera dudas razonables» respecto a los sujetos a los que se tiene que hacer la entrega de las parcelas. La estipulación de ese Convenio indica que el Ayuntamiento debe hacer la entrega las EPE ADIF, ADIF-Alta Velocidad y RENFE-Operadora. «En el apartado a de esa estipulación segunda se indica que la entrega de los terrenos se debe efectuar a Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal SA y a ADIF señalándose en la estipulación cuarta del Convenio que la entrega se hará libre de cargas y sin contraprestación alguna como bien patrimonial respecto a los suelos que ocupan los nuevos talleres ferroviarios y a ADIF los suelos donde se ubicarán la nueva estación de mercancías, las instalaciones de Redalsa y el nuevo CTV», apuntó.
«De lo dicho resulta evidente que los sujetos que deben recibir las parcelas no son los mismos, lo que crea dificultades para entregarlos como bien patrimonial«, argumentó. Finalmente, el alcalde ha dado una explicación sobre el cumplimiento de la ejecución del proyecto de urbanización de la calle Salud, y de nuevo insiste en que «no se ha incumplido ninguna obligación». «Las obras de urbanización que tengan relación con las actuaciones previstas en el Convenio no corresponde ejecutarlas al Ayuntamiento sino a la Sociedad a lo que hay que añadir que no existe ningún convenio ni acuerdo posterior al firmado en el año 2017 del que se deduzca que sea el Ayuntamiento el que tenga que llevar a cabo la ejecución de las obras de urbanización de la calle Salud», ha aclarado. «El proyecto técnico de urbanización de la calle Salud ha sido encargado por iniciativa del propio Ayuntamiento, que lo ha supervisado abonando su coste, debiendo insistirse en que no existe ningún mandato de la Sociedad ni acuerdo con ésta que obligue al Ayuntamiento a entregarle el referido proyecto por lo que el Ayuntamiento no puede haber incumplido la obligación que se le atribuye dado que nunca la ha asumido como tal«, ha concluido.
