La Guardia Civil, dentro de la operación ‘Ibidem’, ha desarticulado un grupo criminal al que se atribuyen un total de 36 robos de cobre en tres comunidades autónomas, en los que sustrajeron 65.600 metros de cable por un valor de 1,7 millones de euros. En total han sido detenidas e investigadas 18 personas y se han recuperado unas 12 toneladas del metal sustraído. También han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído. El grupo se dedicaba al hurto de cable de cobre perteneciente a instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias. Llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días.
En la primera fase de la investigación se descubrió que el grupo se dividía en dos células, que se desplazaban en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde cometían estos hechos delictivos. Una vez cometían el robo, transportaban y entregaban el cable sustraído a diferentes chatarrerías de la Comunidad de Madrid. El pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación, se interceptó una de las furgonetas que usaban para la comisión de los delitos. La Guardia Civil encontró en su interior 3.800 kilos de cable de cobre que acababan de sustraer de la fotovoltaica del municipio de Alange, en Badajoz. Dicho vehículo lo abandonaron al ser sorprendidos por los agentes de la Benemérita. De igual forma, en la localidad cacereña de Torremocha abandonaron otros 3.000 kilos de cable. Este pasado mes de octubre, durante la tercera fase de la operación, se ha detenido e investigado a 18 implicados. Entre ellos se encuentran los encargados de las chatarrerías que recibían el material sustraído, y además, en estas instalaciones los efectivo han intervenido más de cinco toneladas de cable de cobre.
En concreto, a los detenidos e investigados se les atribuye un total de 36 robos. Estos delitos tuvieron lugar en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia. Además, también se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito en la provincia de Badajoz.