El anuncio del Plan sanitario para el fomento de la natalidad ha provocado un intenso debate sobre los derechos de las mujeres y el aborto tanto en Castilla y León, como a nivel nacional. La Junta presentó la semana pasada una serie de medidas para las mujeres embarazadas como atención psicológica, latido fetal o ecografías 4D, unos servicios que, según el vicepresidente Juan García Gallardo, serían de «obligado» ofrecimiento por parte del personal sanitario. Una afirmación que posteriormente ha desmentido el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, garantizando la «libertad absoluta» tanto a las mujeres como a los propios sanitarios.
Este debate sobre el Plan ‘pro vida’ ha llegado hasta el Gobierno de España quien ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El Gobierno de España anuncia que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. A través de un comunicado, el Ejecutivo Nacional asegura que velará para que no se lleven a cabo acciones que «supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna».
Asimismo, el Gobierno estudiará «si es necesario» ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas en el protocolo «antiabortista» por parte de la Junta de Castilla y León podrían «vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma», concluye el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Castilla y León ya ha reaccionado a este requerimiento por parte del Gobierno de España, y ha insistido en que «no hemos aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios». «El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del ‘Solo Sí es Sí’ que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales», asegura Fernández Mañueco.
Además, el presidente de Castilla y León explica que la ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social», concluye.
Por último, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también se ha pronunciado sobre las medidas sanitarias para embarazadas de Castilla y León, para advertir a la Junta que «no tendrá ninguna duda» en recurrir a la vía judicial si aplica las medidas pro vida anunciadas la pasada semana. Para Darias, las medidas propuestas «no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial».
«La mujer debe tomar la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres». «Ante esto no estamos dispuestos a transigir», ha añadido la titular de Sanidad en este ambiente de tensión entre ambos Gobiernos.
